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Ciudades para todos

QUITO DEL BUEN VIVIR

Andres Mideros

Andres Mideros

La renta urbana

30 Mar,2014

Por: @andresmideros


El suelo, la tierra, cumple diversas funciones en la sociedad. Es reserva de bienes y servicios ambientales, es decir de la vida; Es un factor de producción; y es, también, un bien final. Durante siglos se han venido fortaleciendo mecanismos para garantizar la propiedad privada de la tierra, y con ello ha aumentado la desigualdad. Es evidente, al final ¿quién es el dueño originario de la tierra? Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre el origen de las desigualdades, escribió: “el primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir `esto es mío´, y encontró personas tan simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil”, y continuaba: “cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores no habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiere gritado a sus semejantes: ¡guardaos de escuchar a este impostor!: estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie.” También podemos escuchar, cantar y luchar junto a Víctor Jara: “a desalambrar”. Y claro podemos dejar preguntas abiertas: ¿si todo ya es de alguien, que queda para el que no tiene “propiedad”?, ¿es justo que una persona tenga “todo” al nacer, y otra “nada”? De acuerdo, igualemos “oportunidades” pero ¿es posible hacerlo sin igualar las condiciones iniciales?


El tema es que hasta que exploremos y logremos vivir en otros planetas el suelo, la tierra, es limitado, es finito. Son pocos los kilómetros que le podemos ganar al mar, como lo han hecho los/as holandeses/as. Difícil y peligroso pensar en esa opción en grandes dimensiones. Esto en términos económicos significa que tenemos un gran problema para que un “mercado” funcione. La demanda puede aumentar, pero la oferta no lo hará. Detalle que “olvidaron” quienes fomentan los derechos de propiedad de la tierra a fin de garantizar el eficiente funcionamiento del “mercado del suelo”. Quizá la pretensión es tan solo “legalizar” “lo que es de uno/a”, porque no se está seguro/a de que lo sea.


Voy a dejar de lado la tierra que se usa como factor de producción, y aquella que se preserva para garantizar la vida de todos y todas (e.g. reservas naturales). Quiero concentrarme en el suelo urbano, y no lo hago por casualidad, quizá sí con “ingenuidad”. Estoy pensando en la necesidad de construir ciudades sostenibles e igualdad; y estoy mirando a Quito y la anunciada reducción del impuesto predial: “promesa de campaña”. En su momento comenté la demagogia detrás de esa propuesta, pero ahora es tiempo de ver si se llega a concretar en política pública.


Pongamos los limites: una ciudad no puede (porque no es sostenible) extenderse de forma ilimitada. Más allá de la ciudad están sus fuentes de agua, de oxigeno, de alimentos. Además, al extenderse pierde sus sentidos, sus funciones, su movilidad, su capacidad de garantizar servicios y las condiciones para el buen vivir. Es necesario poner, con firmeza, un límite a la frontera urbana de una ciudad. Después, hay que pensar el espacio público, como medio de encuentro y de construcción social, como mecanismo que democratiza y garantiza el derecho a la ciudad, en igualdad. Siga sumando, se necesita espacio para movilizarse, para caminar, para la bicicleta, la patineta y otros no-motorizados, para el transporte público, y también para el vehículo privado. Se va llenando, pero faltan las personas y sus espacios de reproducción y producción, de vida y de trabajo. Esto genera tensiones, en particular cuando la propiedad viene de herencias desde épocas coloniales. Genera tensiones, además, por la falta de planificación y prospectiva del ordenamiento territorial: organizar el espacio de acuerdo a sus usos y funciones. Y en el medio tenemos a la renta urbana.


La renta urbana se genera por el desarrollo urbano. Por ejemplo, pensemos en una nueva autopista, los terrenos y vivienda cercanos pertenecen a alguien. A unos/as desde hace cierto tiempo, y a otros/as que con información privilegiada los compraron antes de que el proyecto se haga público. Después, algunos/as, entrarán en juicios por el valor de expropiación, y otros/as construirán vivienda y/o ahorran (en tierra) para vender después. El/la propietario/a estará contento/a. Este comportamiento “racional” (aunque muchas veces en el margen de la Ley) tiene un incentivo: la renta urbana. Vías, parques, medios de transporte, centros de comercio e industria, la generan.


Lo que aquí tenemos es una externalidad positiva, generada por inversión pública (recursos de todos/as) o privada (con autorización pública), pero unos se benefician y otros no. El patrimonio de quien compró y construyó junto a una nueva autopista, por ejemplo, aumentó, gracias a todos/as. Y son los/as “propietarios/as” quienes se apropian de la renta urbana (los/as “sapos/as” son otro tema). Los/as “propietarios/as” están, sin duda, en el grupo de “los que más tienen”; y después hasta suben el valor del alquiler. Esto aumenta la desigualdad.


¿Qué podemos hacer? Tres opciones: nada, distribuir o redistribuir. Si no hago nada, “los que más tienen” tendrán cada día más, ¿y “los que menos tienen”?... ¿cuánto se puede sostener la desigualdad? ¿es justo? Si pienso en distribuir el suelo urbano diré “la medicina puede ser peor que la enfermedad”, aunque si hay espacio para hacerlo en función de terrenos públicos y fomentando el uso adecuado de acuerdo al ordenamiento territorial. Además se puede distribuir mejor la renta urbana. Hay que diversificar el sector de la construcción. No es posible que unas pocas (las más grandes) empresas concentren la mayor parte de proyectos inmobiliarios en una ciudad. Aquí hay un rol fundamental para la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, para la regulación de compras públicas, para la Ley de uso de suelo, y para las definiciones del Concejo Municipal. Hay que regular además las actividades de “bienes raíces”, detener la especulación del “precio” de la tierra, y acabar con traficantes de tierras. También hay que dar seguridad jurídica, pero seguridad a las personas, a la vivienda, a la vida digna. Cuidado se quiera priorizar el negocio y el capital. Existe mucho espacio para mejorar y garantizar los derechos de quien arrienda, de quien compra una vivienda. Conozco más de un caso de luchas incansables por incumplimientos de constructores/as.


Por su parte, la redistribución se realiza mediante el impuesto predial. Créalo o no, si no se actualizan los catastros una persona puede comprar un terreno, junto a una nueva vía, construir una casa y tributar como si fuera “lote baldío”. De estos hay varios casos. Y así se apropian de la renta urbana. La tasa máxima y mínima de impuesto predial (igual que en el caso de la patente municipal), así como las exenciones y deducciones, se establece por Ley (en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD) para todo el país; el Concejo Municipal no puede cambiarla. Lo que hace el Concejo es la tabla dentro de ese rango. Es decir, a quienes están exentos o pagan el mínimo, desde un municipio no se les puede hacer ninguna reducción.


La reducción de impuestos ofrecida en Quito para 2015, en el caso del impuesto predial, si se la hace (la duda, es porque hay muy poco espacio para reducción), se la hará en pocos dólares para predios de valor mediano y más para predios de valor alto, es decir para “los que más tienen”. Generará desigualdad. Para los demás, siempre queda la opción de “hacerse el/la loco/a”: no cobrar y/o no actualizar el valor de los catastros. De nuevo, mayor desigualdad. Hay quienes quieren esta “reducción” porque beneficiaría a grandes “propietarios/as” que pagan más, así como a quienes nunca han pagado y quieren “legalizar” su situación de no pago. Mal haríamos en mermar aún más la ya débil cultura tributaria. Queremos todo bien hecho, rápido y gratis (esta actitud se da no sólo en temas públicos).


La ordenanza vigente en Quito (que es la que se debería reformar) tiene un esquema progresivo, bastante justo. Si se reforma para generar mayor igualdad, en buena hora. Aquí dejo una reflexión inicial y algunos datos de referencia para evaluar la propuesta cuando se la haga pública. Además si hay cosas por hacer: mejorar los procedimientos, actualizar el catastro, vincular el sistema de información con el Registro de la Propiedad para que la información de cambios de propiedad, y otros, se actualice de manera inmediata. Hay posibles errores en registro que se deben corregir, dar agilidad al procedimiento de devolución en caso de cobro/pago indebido. Es decir, hay espacio para mejorar, pero ¿bajar el impuesto predial?... yo digo no, porque podríamos estar peor, aumentaríamos la desigualdad y nos alejaríamos de ese objetivo de construir una ciudad con igualdad, para todos y todas, para vivir, para buen vivir; entonces esperemos la propuesta final, y hasta ese momento cierro citando nuevamente “…estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie.”


Nota posterior: En la Ley Reformatoria al COOTAD se incluye dentro de la facultad tributaria de los GAD Municicpales y Metropolitanos la de establecer tasas y contribuciones especiales de mejoras por procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor del suelo o la propiedad (plusvalor). En este sentido, el mismo análisis debe hacerse en el caso de tasas y contribuciones especiales de mejoras.