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PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Piso de protección social en el Ecuador

Escrito por 21 Jul,2014

Por: @andresmideros


El régimen del Buen Vivir, en la Constitución del Ecuador, establece el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Es deber del Estado garantizar la protección integral a todas las personas a lo largo del ciclo de vida. Hay quienes no gustan del término “protección”, son los mismos que suelen pensar que las personas somos “mal llevadas” por naturaleza; así se desconocen las desigualdades, la exclusión y la discriminación que (re)producen la pobreza. El Buen Vivir, como régimen, es una alternativa a los llamados regímenes de bienestar. La diferencia es que los últimos establecen la garantía de “mínimos” para su población; por su parte, desde el Buen Vivir se debe hablar de máximos, de derechos, de igualdad.


A nivel mundial se han ampliado los sistemas de protección social como un mecanismo exitoso para reducir la pobreza y la desigualdad, tanto en términos coyunturales (i.e. ingreso) como estructurales (i.e. inclusión, oportunidades y capacidades). La “protección social” es un mecanismo de prevención y promoción de riesgos económicos y sociales. La “protección social” incluye a la “seguridad social”. Las prestaciones no-contributivas (i.e. transferencias financiadas desde el Presupuesto General del Estado, PGE) rompen la exclusión tradicional de la “seguridad social” vinculada al “mercado de empleo”.


La OIT lanzó hace pocos años la iniciativa del “piso de protección social” haciendo un llamado a garantizar la protección social para todas las personas. En el Ecuador es necesaria mayor decisión para consolidar un piso de protección social, en coherencia con la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir. Se debe pensar un piso de protección social universal (para todos y todas) que brinde “prestaciones ciudadanas” (i.e. a las que se tiene derecho por ser ciudadano/a) frente a los siguientes riesgos: pobreza [extrema], vejez, discapacidad, enfermedad, desempleo y falta de vivienda y servicios básicos (i.e. agua y saneamiento). Se debe debatir, pero frente a estos riesgos va mi propuesta.


El piso de protección social debe cubrir a todas las personas, se financia de manera solidaria desde el PGE (a través del pago de impuestos). Se basa en la justicia social, no en el paternalismo; es redistributivo (para lograr igualdad de oportunidades y capacidades), garantiza la vida digna, y es pilar del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, por lo tanto del Régimen de Buen Vivir. Se fundamenta en el contrato social establecido en la Constitución, y plantea a la protección social como instrumento de inclusión y movilidad social, así como un medio para la erradicación de pobreza en el corto plazo.


Si bien el piso cubre a todas las personas, este genera prestaciones cuando alguien sufre uno de los riesgos señalados, y no está cubierto por la “seguridad social” contributiva. Así como la seguridad social contributiva otorga pensiones cuando uno se retira, o prestaciones de riesgos de trabajo cuando sucede un accidente; la protección social brinda prestaciones cuando un hogar se encuentra en situación de pobreza, por ejemplo. Para cubrir frente a pobreza monetaria (i.e. ingreso/consumo) se deben establecer transferencias (en dinero y/o especie) que garanticen un nivel mínimo de ingreso/consumo. En el caso de niños/as y adolescentes se deben brindar transferencias que permitan a los hogares cubrir costos de oportunidad (e.g. ingreso que se deja de recibir) y transporte que generan una barrera de acceso a la educación; y aquellas que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la primera infancia (i.e. 0-5 años). El BDH se debe transformar en un instrumento del piso de protección social.


En el caso de vejez y discapacidad se debe garantizar una pensión universal a todos y todas los adultos mayores, articulando pensiones contributivas y no-contributivas. Es necesario consolidar la red pública integral de salud, para brindar servicios de calidad en todo el territorio nacional, con políticas de salud preventiva, y unificar los servicios. No es posible tener un proveedor para afiliados a la seguridad social y otro para las demás personas. El desempleo y subempleo (de quienes no se encuentran a afiliados a la seguridad social) se debe cubrir mediante instrumentos de “empleo público” (dentro de políticas y programas de inclusión económica y acceso a la seguridad social contributiva). Esto es, empleo temporal acompañado de capacitación y formación profesional, dentro de proyectos de inversión del Estado. Así se fomenta el “pleno empleo” y la inclusión.


Este “piso” debe ser parte de una nueva política pública que articule la política social integral y la política económica y productiva. No hay cambio en la matriz productiva sin cambiar la matriz social, y viceversa. La política social debe lograr integralidad entre salud, educación, vivienda, desarrollo infantil e inclusión; y esta articularse con la política económica y productiva mediante la inclusión económica, el acceso a medios de producción, y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. En esa mirada, que debe ser amplia, el “piso de protección social” es el eje de la política pública de aseguramiento y movilidad social.

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