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PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Ecuador: De la crisis al auge, del auge a la crisis

Escrito por 06 Ago,2018

Por: @andresmideros

 

El Ecuador inicia su vida republicana con un Estado y una economía oligárquica terrateniente basada en la hacienda. Ingresa al mercado internacional a finales del siglo XIX, con el primer “boom cacaotero”, generando una economía dependiente de los precios internacionales. La riqueza generada se acumuló de manera concentrada y se usó en gran medida para la importación de bienes suntuarios. Acabado el auge, vino la crisis. El Estado no tuvo mayor rol en la economía sino hasta los denominados “gobiernos julianos” (1925-1931) en que se crean instituciones de control y regulación, y el impuesto a la renta. En los años 1950s es el “boom del banano” el que vuelve a ubicar al país en la economía internacional, nuevamente gran parte de la riqueza se utilizó para la importación de bienes suntuarios por parte de las élites económicas, aunque ya con presencia de una clase trabajadora. Después de nuevos periodos de crisis e inestabilidad política, en los años 1960s y 1970s se da el “desarrollismo” y el llamado “boom del petróleo” que permitió financiar sobre todo obras de infraestructura.


A partir de 1979 y hasta el 2006, con el “retorno a la democracia” se consolida un modelo económico empresarial, y se implementa una política económica basada en la receta del denominado “Consenso de Washington”. El Estado estuvo al servicio de la gran empresa y de la banca privada como se constata en la “sucretización de la deuda”, el “salvataje bancario”, y la “dolarización”. En 2007, se inicia un proceso de transición con la “Revolución Ciudadana”. La Constitución de 2008, establece el modelo económico social y solidario. El Estado recupera las facultades de planificación, regulación, redistribución y gestión en la economía. Al coincidir con un nuevo “boom”, el de los precios del petróleo, y gracias a la renegociación de contratos petroleros, se logran records de inversión pública, convirtiéndola en el motor del crecimiento económico, y se construyen infraestructuras sociales (salud, educación, seguridad) y productivas (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, riego, control de inundaciones). Se amplían de esta manera capacidades humanas y de productividad, pero no se logró vincular a la empresa privada, ni fortalecer de manera sostenida a la economía popular y solidaria.


La historia es cíclica. La crisis económica que inicia a finales de 2015, debido a la caída del precio del petróleo, y la apreciación del dólar, evidenció la debilidad de las finanzas públicas para sostener el gasto y la inversión fiscal, así como la debilidad de la estructura económica para poder aumentar la productividad y las exportaciones. Adicionalmente, la dolarización, si bien da cierta estabilidad y confianza, es dependiente de la entrada neta de divisas; y por las razones señaladas se llegó a niveles críticos de salida de divisas debido al aumento de importaciones y la caída de exportaciones. Para enfrentar esta situación, se aumentó el déficit fiscal recurriendo al endeudamiento agresivo, “vendiendo” en contrapartida la expectativa de la explotación de petróleo y minas – explotar el ITT, las ventas anticipadas de petróleo, y llenar el territorio nacional de concesiones mineras, parece que fue la forma “pragmática” de mostrar la capacidad pago –. Deuda externa para traer divisas y lograr liquidez, y endeudamiento interno para manejar la liquidez de la caja fiscal vendiendo “papeles” al Banco Central y a la Banca Pública y tomando la liquidez de la Empresas Públicas. Además se implementaron salvaguardias para controlar la salida de divisas vía importaciones, y el aumento del I.V.A. del 12% al 14% después del terremoto del 16 de abril de 2016. La crisis económica trajo además resultados adversos en lo social. Después de una caída sostenida de la pobreza y la desigualdad, entre 2007 y 2015, en junio de 2016 se evidenció el aumento de la pobreza y el empleo inadecuado, y se dio un deterioro de los ingresos sobre todo en las zonas rurales. Así mismo, se dejaron cientos de obras paralizadas, con problemas legales, técnicos y de financiamiento. No se logró cumplir más del 47% de las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.


En mayo de 2017, con el cambio de gobierno, se inicia un nuevo proceso de transición, marcado por la polarización política, la crisis económica, y la insostenibilidad fiscal. Se redujo el I.V.A., regresando al 12%, con un efecto de alrededor de mil millones en la recaudación fiscal, y se retiraron las salvaguardias impactando en el aumento de importaciones y salida de divisas. Después de un año de disputas internas y varios cambios en el equipo económico, el gobierno nacional presentó el 24 de mayo de 2018 un proyecto de Ley que apuesta por incentivos a la inversión privada (subsidios a la ganancia del capital, cuyo costo para el Estado no ha sido siquiera establecido) – con exoneraciones de pago de impuesto a la renta que pueden durar más de una década, para nuevas inversiones, y para las cuales no se han tomado ningún tipo de condicionalidad que asegure un beneficio para el país –, a la remisión de interés y multas a grandes empresas que adeudan tributos, y a una supuesta seguridad jurídica regresando a tratados bilaterales de inversión, que ponen los intereses transnacionales por encima de los del Ecuador. Este último punto ha generado hechos insólitos como dos alcances al veto presidencial, que contradicen la propia argumentación inicial del Ejecutivo y que presentan vicios de inconstitucionalidad. Nuevamente el “pragmatismo” parece ser el término que justifica el “todo vale”.


Además, se implementa un proceso agresivo de reducción de decenas de miles de empleos públicos – sin contar con un plan de reconversión laboral –, se plantea una apertura comercial sin análisis de beneficios y riesgos – a la producción nacional y a la dolarización –, y se espera desde hace un año la concreción de miles de millones de inversión privada, sobre la cual no se conoce ninguna propuesta que se haya concretado. Finalmente, se plantea desde el gobierno nacional la posibilidad de eliminar el subsidio a la gasolina de vehículos privados para generar ahorro al Estado. Sin embargo, en el proyecto de Ley no se incluyeron alternativas como la eliminación del crédito tributario del ISD (impuesto a la salida de divisas) y de gastos deducibles a personas que ganen más de 100 mil dólares al año (menos del 1% de la población). Medidas que generarían un monto similar a la posible eliminación de subsidios y que generarían mayor equidad fiscal.


Se concreta de esta manera una política económica que da un “salto de fe” en beneficio de la empresa privada y grandes inversionistas internacionales, donde el riesgo al no tener reglas claras y capacidad de regulación y orientación (por no decir planificación) es que generen mayor concentración de la riqueza y pocos beneficios para las grandes mayorías – apenas será, como en el pasado, lo que “gotee” –. Ni la inversión, ni las exportaciones aumentan de forma inmediata; sino se gestiona la transición el costo social puede ser devastador. Creyendo a ciegas en el comercio internacional, contra toda la evidencia empírica existente, se olvida la importancia de la balanza de pagos y la necesidad de reducir la salida de divisas, para sostener la dolarización, controlando las importaciones.


En esta época de transición, económica e institucional, es indispensable generar propuestas alternativas que eviten el retorno a una economía empresarial, con el Estado al servicio de la empresa privada. El Estado debe estar al servicio de las grandes mayorías, y cumplir su rol de planificar el desarrollo, erradicar la pobreza y redistribuir la riqueza.

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