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PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

¿Por qué fracasan las naciones?

Escrito por 25 Feb,2019

Por @andresmideros

 

Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Por qué fracasan las naciones”, sostienen que las naciones fallan cuando se generan “círculos viciosos” en donde el poder político es capturado por unos pocos sectores económicos, excluyendo a las mayorías de la participación política y económica.

En las próximas semanas, el Ecuador afrontará dos hechos que modificarán su institucionalidad política y económica. Por un lado, la definición de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y por otro, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que definirá el marco institucional de control del Estado.

En cuanto a la institucionalidad económica el Gobierno, como antecedente para el acuerdo con el FMI, ha implementado una agenda de reducción de inversión pública, remisión tributaria y exoneración de impuestos a grandes empresas, eliminación de subsidios y privatizaciones. Los resultados ya se han hecho notar, las proyecciones de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador bordean apenas el 1%, el empleo adecuado se redujo de 42,3% en diciembre de 2017 a 40,6% en diciembre de 2018, y la pobreza urbana aumentó del 13,2% al 15,3% en el mismo periodo.

Estas medidas, que son el tradicional marco de negociación con el FMI, están lejos de ser algo “positivo” o “inevitable” como se ha intentado posicionar desde sectores empresariales y de la banca, más aún cuando no se conocen plazos, tasas de interés, fechas de desembolsos, proyectos de inversión priorizados, ni las medidas económicas establecidas como condiciones para recibir el financiamiento.

El Gobierno y el FMI ven sólo una parte del problema, buscan reducir el déficit fiscal y dar liquidez a la economía, que requiere de dólares para funcionar. Sin embargo, omiten problemas estructurales de la economía ecuatoriana: en el sector fiscal resolver el abultado gasto tributario (exoneraciones y deducciones de impuestos) que bordea los USD 4.900 millones, los subsidios que ascienden a cerca de USD 6.900 millones, la evasión fiscal que se estima en USD 400 millones al año, y el perjuicio por facturas falsas en aduanas que se calcula en USD 2.000 millones; en el sector externo, el déficit comercial que genera salida de divisas, y los cerca de USSD 4.700 millones que han salido a paraísos fiscales; y en el sector real, la producción de bajo valor agregado dependiente de la explotación de recursos naturales y el creciente subempleo.

En este marco se vuelve necesario exigir transparencia y que el acuerdo, según su contenido, sea aprobado por la Asamblea Nacional (Arts. 419 y 439 de la Constitución). En lugar de recortes presupuestarios, remisiones tributarias y mayor endeudamiento, se debe reducir subsidios y gasto tributario a las grandes empresas, y combatir la evasión y elusión fiscal, a fin de sostener la inversión pública para generar crecimiento y empleo, garantizar derechos (salud, educación, erradicación de violencia de género), y fomentar crédito productivo a baja tasa de interés para reactivar la economía en lugar de incrementar el costo de servicios financieros.

En relación con la institucionalidad políticaa lo largo del último año el CPCCS transitorio (designado de ternas presentadas por el presidente de la República) ha destituido y designado autoridades de control, muchas de ellas como encargadas, provocando inestabilidad e incertidumbre.

El mandato de la Consulta Popular de 2018 establece que los miembros definitivos del CPCSS sean electos por sufragio universal en los comicios de autoridades de gobiernos autónomos descentralizados (que se realizará este 24 de marzo de 2019). Los consejeros transitorios han propuesto realizar una Consulta Popular para “validar todo lo actuado”, y ahora a menos de 30 días de la elección del CPCCS definitivo aparecen actores que fomentan el “voto nulo” como medio para eliminar el CPCCS.

Independientemente de estas posiciones que deben ser resueltas por la vía establecida en la Constitución, es un engaño decir que el “voto nulo” elimina al CPCCS. En el caso de que los votos nulos sean suficientes para anular la elección el CPCCS transitorio podría mantenerse en funciones, hasta que se realicen nuevas elecciones, considerando que el anexo de la Consulta Popular establece que este debe “ejercer sus funciones hasta que se instale el nuevo Consejo”. Si no se anula la elección, pero se la deslegitima se estaría fortaleciendo la propuesta del CPCCS transitorio de una nueva Consulta Popular que valide sus decisiones. En ninguno de los dos casos se está transformando ni eliminando el CPCSS, únicamente se está generando mayor caos institucional, desperdiciando recursos, y permitiendo que las decisiones del CPCCS transitorio no sean revisadas, evaluadas ni fiscalizadas de manera transparente.

El país necesita estabilizar su institucionalidad incluso para generar un contexto adecuado para la atracción de inversiones privadas que reactiven la economía. No es responsable limitar la promoción de candidatos al CPCCS como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tampoco fomentar el “voto nulo” como lo están haciendo algunos actores políticos.

El Ecuador no puede seguir irrespetando su institucionalidad y la voluntad popular según el gusto del poder de turno, eso produce “círculos viciosos” en los que intereses económicos consolidan su influencia en el poder político, dejando a las grandes mayorías excluidas y empobrecidas, y alejando al país de una verdadera senda de desarrollo.

Leído 1113 veces Modificado por última vez el 01 Mar,2019
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