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Blog Andrés Mideros

Por @andresmideros

 

Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Por qué fracasan las naciones”, sostienen que las naciones fallan cuando se generan “círculos viciosos” en donde el poder político es capturado por unos pocos sectores económicos, excluyendo a las mayorías de la participación política y económica.

En las próximas semanas, el Ecuador afrontará dos hechos que modificarán su institucionalidad política y económica. Por un lado, la definición de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y por otro, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que definirá el marco institucional de control del Estado.

En cuanto a la institucionalidad económica el Gobierno, como antecedente para el acuerdo con el FMI, ha implementado una agenda de reducción de inversión pública, remisión tributaria y exoneración de impuestos a grandes empresas, eliminación de subsidios y privatizaciones. Los resultados ya se han hecho notar, las proyecciones de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador bordean apenas el 1%, el empleo adecuado se redujo de 42,3% en diciembre de 2017 a 40,6% en diciembre de 2018, y la pobreza urbana aumentó del 13,2% al 15,3% en el mismo periodo.

Estas medidas, que son el tradicional marco de negociación con el FMI, están lejos de ser algo “positivo” o “inevitable” como se ha intentado posicionar desde sectores empresariales y de la banca, más aún cuando no se conocen plazos, tasas de interés, fechas de desembolsos, proyectos de inversión priorizados, ni las medidas económicas establecidas como condiciones para recibir el financiamiento.

El Gobierno y el FMI ven sólo una parte del problema, buscan reducir el déficit fiscal y dar liquidez a la economía, que requiere de dólares para funcionar. Sin embargo, omiten problemas estructurales de la economía ecuatoriana: en el sector fiscal resolver el abultado gasto tributario (exoneraciones y deducciones de impuestos) que bordea los USD 4.900 millones, los subsidios que ascienden a cerca de USD 6.900 millones, la evasión fiscal que se estima en USD 400 millones al año, y el perjuicio por facturas falsas en aduanas que se calcula en USD 2.000 millones; en el sector externo, el déficit comercial que genera salida de divisas, y los cerca de USSD 4.700 millones que han salido a paraísos fiscales; y en el sector real, la producción de bajo valor agregado dependiente de la explotación de recursos naturales y el creciente subempleo.

En este marco se vuelve necesario exigir transparencia y que el acuerdo, según su contenido, sea aprobado por la Asamblea Nacional (Arts. 419 y 439 de la Constitución). En lugar de recortes presupuestarios, remisiones tributarias y mayor endeudamiento, se debe reducir subsidios y gasto tributario a las grandes empresas, y combatir la evasión y elusión fiscal, a fin de sostener la inversión pública para generar crecimiento y empleo, garantizar derechos (salud, educación, erradicación de violencia de género), y fomentar crédito productivo a baja tasa de interés para reactivar la economía en lugar de incrementar el costo de servicios financieros.

En relación con la institucionalidad políticaa lo largo del último año el CPCCS transitorio (designado de ternas presentadas por el presidente de la República) ha destituido y designado autoridades de control, muchas de ellas como encargadas, provocando inestabilidad e incertidumbre.

El mandato de la Consulta Popular de 2018 establece que los miembros definitivos del CPCSS sean electos por sufragio universal en los comicios de autoridades de gobiernos autónomos descentralizados (que se realizará este 24 de marzo de 2019). Los consejeros transitorios han propuesto realizar una Consulta Popular para “validar todo lo actuado”, y ahora a menos de 30 días de la elección del CPCCS definitivo aparecen actores que fomentan el “voto nulo” como medio para eliminar el CPCCS.

Independientemente de estas posiciones que deben ser resueltas por la vía establecida en la Constitución, es un engaño decir que el “voto nulo” elimina al CPCCS. En el caso de que los votos nulos sean suficientes para anular la elección el CPCCS transitorio podría mantenerse en funciones, hasta que se realicen nuevas elecciones, considerando que el anexo de la Consulta Popular establece que este debe “ejercer sus funciones hasta que se instale el nuevo Consejo”. Si no se anula la elección, pero se la deslegitima se estaría fortaleciendo la propuesta del CPCCS transitorio de una nueva Consulta Popular que valide sus decisiones. En ninguno de los dos casos se está transformando ni eliminando el CPCSS, únicamente se está generando mayor caos institucional, desperdiciando recursos, y permitiendo que las decisiones del CPCCS transitorio no sean revisadas, evaluadas ni fiscalizadas de manera transparente.

El país necesita estabilizar su institucionalidad incluso para generar un contexto adecuado para la atracción de inversiones privadas que reactiven la economía. No es responsable limitar la promoción de candidatos al CPCCS como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tampoco fomentar el “voto nulo” como lo están haciendo algunos actores políticos.

El Ecuador no puede seguir irrespetando su institucionalidad y la voluntad popular según el gusto del poder de turno, eso produce “círculos viciosos” en los que intereses económicos consolidan su influencia en el poder político, dejando a las grandes mayorías excluidas y empobrecidas, y alejando al país de una verdadera senda de desarrollo.

Por: @andresmideros

 

El Ecuador inicia su vida republicana con un Estado y una economía oligárquica terrateniente basada en la hacienda. Ingresa al mercado internacional a finales del siglo XIX, con el primer “boom cacaotero”, generando una economía dependiente de los precios internacionales. La riqueza generada se acumuló de manera concentrada y se usó en gran medida para la importación de bienes suntuarios. Acabado el auge, vino la crisis. El Estado no tuvo mayor rol en la economía sino hasta los denominados “gobiernos julianos” (1925-1931) en que se crean instituciones de control y regulación, y el impuesto a la renta. En los años 1950s es el “boom del banano” el que vuelve a ubicar al país en la economía internacional, nuevamente gran parte de la riqueza se utilizó para la importación de bienes suntuarios por parte de las élites económicas, aunque ya con presencia de una clase trabajadora. Después de nuevos periodos de crisis e inestabilidad política, en los años 1960s y 1970s se da el “desarrollismo” y el llamado “boom del petróleo” que permitió financiar sobre todo obras de infraestructura.


A partir de 1979 y hasta el 2006, con el “retorno a la democracia” se consolida un modelo económico empresarial, y se implementa una política económica basada en la receta del denominado “Consenso de Washington”. El Estado estuvo al servicio de la gran empresa y de la banca privada como se constata en la “sucretización de la deuda”, el “salvataje bancario”, y la “dolarización”. En 2007, se inicia un proceso de transición con la “Revolución Ciudadana”. La Constitución de 2008, establece el modelo económico social y solidario. El Estado recupera las facultades de planificación, regulación, redistribución y gestión en la economía. Al coincidir con un nuevo “boom”, el de los precios del petróleo, y gracias a la renegociación de contratos petroleros, se logran records de inversión pública, convirtiéndola en el motor del crecimiento económico, y se construyen infraestructuras sociales (salud, educación, seguridad) y productivas (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, riego, control de inundaciones). Se amplían de esta manera capacidades humanas y de productividad, pero no se logró vincular a la empresa privada, ni fortalecer de manera sostenida a la economía popular y solidaria.


La historia es cíclica. La crisis económica que inicia a finales de 2015, debido a la caída del precio del petróleo, y la apreciación del dólar, evidenció la debilidad de las finanzas públicas para sostener el gasto y la inversión fiscal, así como la debilidad de la estructura económica para poder aumentar la productividad y las exportaciones. Adicionalmente, la dolarización, si bien da cierta estabilidad y confianza, es dependiente de la entrada neta de divisas; y por las razones señaladas se llegó a niveles críticos de salida de divisas debido al aumento de importaciones y la caída de exportaciones. Para enfrentar esta situación, se aumentó el déficit fiscal recurriendo al endeudamiento agresivo, “vendiendo” en contrapartida la expectativa de la explotación de petróleo y minas – explotar el ITT, las ventas anticipadas de petróleo, y llenar el territorio nacional de concesiones mineras, parece que fue la forma “pragmática” de mostrar la capacidad pago –. Deuda externa para traer divisas y lograr liquidez, y endeudamiento interno para manejar la liquidez de la caja fiscal vendiendo “papeles” al Banco Central y a la Banca Pública y tomando la liquidez de la Empresas Públicas. Además se implementaron salvaguardias para controlar la salida de divisas vía importaciones, y el aumento del I.V.A. del 12% al 14% después del terremoto del 16 de abril de 2016. La crisis económica trajo además resultados adversos en lo social. Después de una caída sostenida de la pobreza y la desigualdad, entre 2007 y 2015, en junio de 2016 se evidenció el aumento de la pobreza y el empleo inadecuado, y se dio un deterioro de los ingresos sobre todo en las zonas rurales. Así mismo, se dejaron cientos de obras paralizadas, con problemas legales, técnicos y de financiamiento. No se logró cumplir más del 47% de las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.


En mayo de 2017, con el cambio de gobierno, se inicia un nuevo proceso de transición, marcado por la polarización política, la crisis económica, y la insostenibilidad fiscal. Se redujo el I.V.A., regresando al 12%, con un efecto de alrededor de mil millones en la recaudación fiscal, y se retiraron las salvaguardias impactando en el aumento de importaciones y salida de divisas. Después de un año de disputas internas y varios cambios en el equipo económico, el gobierno nacional presentó el 24 de mayo de 2018 un proyecto de Ley que apuesta por incentivos a la inversión privada (subsidios a la ganancia del capital, cuyo costo para el Estado no ha sido siquiera establecido) – con exoneraciones de pago de impuesto a la renta que pueden durar más de una década, para nuevas inversiones, y para las cuales no se han tomado ningún tipo de condicionalidad que asegure un beneficio para el país –, a la remisión de interés y multas a grandes empresas que adeudan tributos, y a una supuesta seguridad jurídica regresando a tratados bilaterales de inversión, que ponen los intereses transnacionales por encima de los del Ecuador. Este último punto ha generado hechos insólitos como dos alcances al veto presidencial, que contradicen la propia argumentación inicial del Ejecutivo y que presentan vicios de inconstitucionalidad. Nuevamente el “pragmatismo” parece ser el término que justifica el “todo vale”.


Además, se implementa un proceso agresivo de reducción de decenas de miles de empleos públicos – sin contar con un plan de reconversión laboral –, se plantea una apertura comercial sin análisis de beneficios y riesgos – a la producción nacional y a la dolarización –, y se espera desde hace un año la concreción de miles de millones de inversión privada, sobre la cual no se conoce ninguna propuesta que se haya concretado. Finalmente, se plantea desde el gobierno nacional la posibilidad de eliminar el subsidio a la gasolina de vehículos privados para generar ahorro al Estado. Sin embargo, en el proyecto de Ley no se incluyeron alternativas como la eliminación del crédito tributario del ISD (impuesto a la salida de divisas) y de gastos deducibles a personas que ganen más de 100 mil dólares al año (menos del 1% de la población). Medidas que generarían un monto similar a la posible eliminación de subsidios y que generarían mayor equidad fiscal.


Se concreta de esta manera una política económica que da un “salto de fe” en beneficio de la empresa privada y grandes inversionistas internacionales, donde el riesgo al no tener reglas claras y capacidad de regulación y orientación (por no decir planificación) es que generen mayor concentración de la riqueza y pocos beneficios para las grandes mayorías – apenas será, como en el pasado, lo que “gotee” –. Ni la inversión, ni las exportaciones aumentan de forma inmediata; sino se gestiona la transición el costo social puede ser devastador. Creyendo a ciegas en el comercio internacional, contra toda la evidencia empírica existente, se olvida la importancia de la balanza de pagos y la necesidad de reducir la salida de divisas, para sostener la dolarización, controlando las importaciones.


En esta época de transición, económica e institucional, es indispensable generar propuestas alternativas que eviten el retorno a una economía empresarial, con el Estado al servicio de la empresa privada. El Estado debe estar al servicio de las grandes mayorías, y cumplir su rol de planificar el desarrollo, erradicar la pobreza y redistribuir la riqueza.

Por: @andresmideros

 

Durante los años 2015 y 2016 el Ecuador se vio afectado por una crisis económica internacional profundizada por la caída de los pecios del petróleo, la apreciación del dólar, y el terremoto del 16 de abril de 2016. Esto provocó reducción en la cantidad y calidad del empleo y una contracción de la producción. Sin embargo ya se avizora un escenario de recuperación. Es así que la Comisión Económica para América Latina el Caribe (CEPAL) proyecta una tasa de crecimiento para el Ecuador de 0,6% en 2017. Algo más optimista es el Banco Central del Ecuador (BCE) cuya proyección es de 1,4%.

 

Para pensar el futuro y los desafíos económicos que deberá afrontar el nuevo gobierno hay que plantear las capacidades generadas en los últimos años. Ecuador ocupa el primer lugar en calidad de vías, y es de los tres países de la región con mejor infraestructura de puertos y aeropuertos, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Se ha aumentado la eficiencia y logrado soberanía energética, ampliado la cobertura de fibra óptica y el acceso a Internet, y se han desarrollo infraestructuras de control de inundaciones y riego. Pero además, se ha duplicado la entrada de turistas, y el país se ha posicionado como destino verde líder del mundo. Estos son ejemplos de inversión en capacidades productivas, que han permitido que la economía ecuatoriana crezca por encima del promedio regional, con una tasa anual promedio de 3,4% entre 2007 y 2016; pero además mantener un nivel de desempleo por debajo de muchos países de la región, duplicar la cobertura de la seguridad social, y alcanzar un salario básico que cubre el costo de la canasta básica. No se puede pensar en mejorar la producción, sin contar con luz, agua, conectividad y logística. Pero fundamentalmente se ha invertido en capacidades humanas, ampliando y mejorando el acceso a salud y educación; y sobre todo se ha reducido la pobreza y la desigualdad. El futuro cuenta con mejor infraestructura productiva, y con generaciones más sanas, más educadas, más equitativas e incluyentes.

 

Sin embargo, no se han logrado superar limitaciones estructurales. La matriz productiva no ha cambiado. La economía sigue siendo dependiente de la extracción de recursos naturales, con los consiguientes costos ambientales y sociales, y vulnerable ante variaciones de precios internacionales. El déficit fiscal se ha incrementado, y con ello la deuda pública. La evasión y elusión de impuestos son significativas, y existen importantes capitales nacionales en el exterior. El sector privado mantiene bajos niveles de innovación y es dependiente de la importación de insumos. La estructura empresarial es familiar, con capitales cerrados. La inversión privada es baja, y la inversión pública es dependiente del precio del petróleo. El acceso a crédito es limitado y con altas tasas de interés, al tiempo que gran parte de la población se encuentra en el sector informal con condiciones inadecuadas de empleo. El presente da cuentas de una economía altamente vulnerable frente a crisis internacionales.

 

El desafío se encuentra en aprovechar las capacidades generadas para atacar los problemas estructurales. Es indispensable un pacto por la producción y el empleo, estableciendo espacios de diálogo, consulta y acción entre el Estado el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria. Pero hay que cuidar que esto no lleve ni a meros actos simbólicos, ni a presiones por la adopción de recetas neoliberales que ya han sido negadas democráticamente. Además, se debe entender que el desafío es gestionar la transición desde un modelo “empresarial de desarrollo” inspirado en el neoliberalismo hacia uno de “economía social y solidaria” inspirado en el Buen Vivir, donde no es el producto interno bruto (PIB) lo que mide el bienestar, sino la erradicación de la pobreza, la igualdad de oportunidades y la equidad de resultados, y la ampliación libertades, con solidaridad y en armonía individual, con el ambiente y con la sociedad.

 

Cambiar la estructura económica (matriz productiva) requiere de una apuesta decidida por la generación de valor agregado, avanzando hacia una economía basada en la innovación, la ciencia y la tecnología como principal factor productivo, y estableciendo como objetivo el pleno empleo digno. No son los incentivos tributarios lo que generará mayor inversión, los incentivos ya existen pero no se utilizan. Hay que brindar estabilidad política, seguridad tributaria y simplificar trámites. Se pueden volver a pensar los incentivos productivos vinculándolos a la generación de empleo, pero además a inversiones privadas en investigación y desarrollo.

 

Es necesario definir sectores prioritarios donde se complementen las inversiones públicas con las privadas, y proteger la producción nacional tanto de la pequeña industria como de la agricultura familiar y campesina. Se debe revisar las salvaguardas sin caer en aperturismos que sean perjudiciales para la economía nacional. Hay que dar paso a inversión extranjera, en condiciones que garanticen la generación de empleo, la transferencia de tecnología y la reinversión de la riqueza generada. Es indispensable fortalecer la dolarización, y para esto se debe limitar la salida de divisas, controlar las importaciones, fomentar las exportaciones, y ampliar la entrada de divisas fortaleciendo sectores donde se tienen altas potencialidades como el turismo.

 

El cambio de la matriz productiva debe direccionarse hacia salir de la dependencia en la explotación de recursos naturales. Hay que salir del extractivismo, y fomentar responsabilidad social y ambiental en la producción y el consumo. El aumento de la productividad debe mejorar la distribución en favor del trabajo por sobre el capital; y garantizar la inclusión de sectores de la economía popular y solidaria. Es necesario direccionar recursos hacia el fortalecimiento de emprendimientos solidarios mediante el acceso preferente a la compra pública, el acceso a mercados privados y a crédito en condiciones preferenciales. Es necesario direccionar recursos e inversión hacia los territorios con menor dinamismo económico a través del sistema financiero popular y solidario. Hay que apostar por el fortalecimiento del agro, mediante el acceso a tierra, tecnología, circuitos de comercialización, y establecer políticas claras para la soberanía alimentaria.

 

Por otro lado, se debe lograr sostenibilidad en las finanzas públicas. Es indispensable renegociar la deuda externa, tanto en plazos como en tasa de interés. Para esto hay que dar señales a los mercados internacionales en el corto plazo, pero priorizar la construcción de nuevos mecanismos financieros regionales, como el Banco del Sur, a mediano plazo. Es necesario ampliar el uso de mecanismos de dinero electrónico que permitan aumentar la velocidad de circulación del dinero. Además, se debe potenciar el uso privado de las infraestructuras públicas construidas, para lograr los retornos esperados de esas inversiones. Y revisar las empresas públicas, definiendo con claridad el rol del Estado en la gestión de sectores estratégicos, y buscando coparticipación privada y comunitaria en ciencia y tecnología, y en otros sectores donde la participación pública no sea indispensable.

 

Junto al pacto productivo se deben establecer pactos sociales, fiscales y ambientales, que den prioridad a la inversión social, la conservación ambiental, y el mantenimiento de infraestructuras productivas. Es indispensable, para una economía ética, erradicar la corrupción, la evasión y elusión fiscal, y la salida de riqueza. Hay que revisar los impuestos y subsidios, sin caer en presiones doctrinarias de reducción de tributos, para mejorar la progresividad, la focalización de subsidios, y la recaudación. El rol redistribuidor del Estado en fundamental para lograr equidad y justicia social, garantizando la sostenibilidad y calidad de los servicios públicos.

 

La última década deja al país transformado, con capacidades que no se lograron construir en toda la historia republicana, pero aún vulnerable a las crisis propias de un modelo económico basado en la especulación financiera y comercial. El futuro es de oportunidad para alcanzar un nuevo modelo económico que reunifique a la economía con la sociedad, que logre la inclusión de todos los sectores, que se base en el trabajo y no en la especulación del capital, que construya una economía con ética, solidaridad y justicia. Para que esto pase es indispensable construir un pacto de unidad nacional, un proyecto común, y para ello hay que generar confianza.

 

Ver versión publicada en Kafeinta.tv (30 de abril de 2017): http://www.kafeina.tv/desafios-economicos-del-nuevo-gobierno/

Lenín Moreno, con su regreso al Ecuador y la aceptación de la candidatura a la Presidencia de la República por el Movimiento Alianza PAiS, ha hecho dos anuncios fundamentales. El primero es establecer el diálogo como sello de su propuesta y su gestión, reivindicando a la política como medio para dar solución a los problemas de la sociedad. El segundo anuncio, con una propuesta concreta (pocas se han escuchado hasta el momento), es el de proporcionar “aseguramiento universal para las personas de la tercera edad, y una pensión que permita vivir dignamente a todos los que lo necesiten”. Es un anuncio central, y en este artículo pretendo dar algunas ideas para el diálogo al que se ha invitado, pensando en los grandes objetivos nacionales.


La importancia del aseguramiento universal toma fuerza en la agenda internacional con la recomendación 202, del 2012, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la implementación de pisos de protección social; recordando (lamentablemente hace falta) que la seguridad social universal está establecida en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más aún se debe tener en cuenta que el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, y para ello la meta 1.3. dice “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos”. Por su parte la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe de 2015 da claridad sobre el rol fundamental de la seguridad social inclusiva. En lo nacional, la Constitución de 2008 establece en el numeral 1 del artículo 3 como deber primordial del Estado el “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”; el numeral 5 del mismo artículo establece “erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza”. Por su parte el artículo 34 establece a la seguridad social como un derecho irrenunciable; y el numeral 3 del artículo 37 establece que el Estado garantizará a las personas adultas mayores “la jubilación universal”. Por su parte, desde el artículo 367 se establece el sistema de seguridad social como instrumento para el cumplimiento de este deber del Estado, y derecho ciudadano. Finalmente, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (que es de obligatoria observancia para el sector público, de acuerdo al artículo 280 de la Constitución) señala como política 2.10 “garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona”. Dicho lo anterior, es evidente que dialogar sobre la seguridad social es estar pensando en los grandes objetivos nacionales.


En el Ecuador, los últimos años muestran mejoras sustanciales en la cobertura de la seguridad social. De acuerdo a datos disponibles en el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, el porcentaje de la población económicamente activa (P.E.A.) cubierta por la seguridad social pasó del 26,3% en diciembre de 2007 al 44,2% en diciembre de 2015. A esto se debe añadir que se amplió la cobertura a personas dependientes; y resaltar la inclusión a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores del hogar, ya sean estas actividades remuneradas o no. En los pendientes aún está el trabajo autónomo, los actores de la economía popular y solidaria, los artistas y gestores culturales, entre otros. En el caso particular de las personas adultas mayores (quienes hayan cumplido los 65 años de edad, como lo establece el artículo 36 de la Constitución), cálculos propios en base a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), muestran que la cobertura de la seguridad social (IESS incluyendo seguro campesino, ISSFA, ISSPOL) pasó del 28,3% en diciembre de 2007 al 42,2% en diciembre de 2015. Si a esto se aumenta la cobertura de pensiones no-contributivas (pagadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES), la cobertura subió de 45,4% en diciembre de 2007 a 71,8% en diciembre de 2015. Se debe señalar además que las pensiones no-contributivas a personas adultas mayores tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza, de 0,8 puntos porcentuales en diciembre de 2015. Es decir más de 128 mil personas (adultas mayores y quienes viven con ellas) superan la línea de pobreza por ingresos gracias a este tipo de pensión.


Ahora bien, ¿qué significa aseguramiento universal a todas las personas de la tercera edad con una pensión que les permita vivir dignamente? Es bastante intuitivo que para incluir a las personas adultas mayores a la seguridad social se lo debe hacer a través de pensiones no-contributivas (actualmente a cargo del MIES), a diferencia del caso de personas jóvenes donde se espera que estas contribuyan a lo largo de su vida laboral al IESS, el ISSFA o el ISSPOL (regímenes contributivos). Siendo ese el caso, estas pensiones deberán ser financiadas permanentemente desde el Presupuesto General del Estado, por eso (fuente de financiamiento) y otras razones (de concepto y de Ley) tiene sentido que lo haga el MIES y no el IESS por ejemplo.


Utilizando la ENEMDU a diciembre de 2015 se estima que en el Ecuador hay alrededor 1,1 millones de personas adultas mayores, de las cuales 475 mil (42,2%) están afiliadas a la seguridad social en régimen contributivo (IESS, ISSFA o ESSPOL). Entonces se debería pensar en 651 mil personas que deberían recibir una pensión no-contributiva. El valor de la pensión debe permitir vivir dignamente. Esto es algo difícil de cuantificar. Pensando en mínimos y siendo sensibles con el estadio de desarrollo del país, la pensión debería cubrir por lo menos el valor de la línea de pobreza (USD 83,79 mensuales, a diciembre de 2015). Es así que la inversión anual ascendería a alrededor de USD 655 millones (0,7% del PIB). Recordemos sin embargo que ya existe un programa de pensiones no-contributivas, en el MIES, con un presupuesto anual de USD 274 millones en 2016, el cuál sería reemplazado (o mejor dicho ampliado en cobertura y monto), lo cual significa que el presupuesto adicional necesario es menor (USD 380 millones; 0,4% del PIB) y que no son necesarios nuevos gastos de implementación y operación del programa. A futuro el monto individual se esperaría que se ajuste al alza por la inflación, pero que el total disminuya en la medida en que nuevas generaciones estén afiliadas al régimen contributivo.


Para financiar este rubro se puede pensar en generar nuevos ingresos, pero también hay como reducir o mejor dicho optimizar otros gastos. Por ejemplo, de acuerdo a datos anuales, que constan en la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019, se podría revisar, en parte, los USD 1.888 millones (1,9% del PIB) presupuestados para subsidios a los combustibles en 2016, los USD 1.251 millones (1,2%) destinados a incentivos productivos (cuyos beneficios no son claros), o los USD 388 millones (0,4% del PIB) destinados a gastos personales deducibles del impuesto a la renta, en 2014 (los dos últimos datos), entre otros rubros. Y considerar desde una mirada de equidad que mientras estos subsidios se destinan mayoritariamente a la población de mayores recursos, las pensiones no-contributivas se enfocarían en personas de bajos recursos económicos, e incentivarían el consumo. Además, entre los beneficios, el efecto sería reducir el porcentaje de personas adultas mayores pobres de 27,5% a 13,3% (160 mil personas adultas mayores menos en pobreza). Avanzar hacia garantizar una vejez libre de pobreza por ingresos (la vida digna es más que eso, pero sin duda sería un avance histórico). Por su parte, la tasa nacional de pobreza se reduciría de 23,3% a 22,5% (en función de los hogares en los que viven las personas adultas mayores). Es decir 258 mil personas saldrían de la pobreza.


La propuesta de Lenín Moreno, enfrenta directamente los objetivos nacionales y globales de erradicar la pobreza y universalizar la seguridad social. En el caso de pensiones a personas adultas mayores aquí se deja una forma de hacerlo como aporte al diálogo. Pero también es importante señalar que no debería quedarse ahí, hay que mirar a la seguridad social no-contributiva en el caso de niños y niñas. Es necesario reformar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) para hacerlo eficiente y eficaz, y hay que fortalecer los programas públicos y privados de desarrollo infantil integral, y el acceso a agua segura y ambiente sano. Y sin duda hay que potenciar el empleo, donde la prioridad debería estar en la economía popular y solidaria, en la inclusión y la mejor distribución de la riqueza.


Ver versión publica en Gkillcity (24 de octubre de 2016): http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/seguridad-social-la-tercera-edad 

Elecciones 2017

Escrito por 21 Feb,2017

Por @andresmideros

 

La elección de Presidente de la República que se dio el pasado 19 de febrero marca un hito en la historia política del Ecuador. Después de años de inestabilidad política y económica, en 2007 llegó a la Presidencia el economista Rafael Correa Delgado, quien ha sido la figura indiscutible de la última década en el Ecuador, y forma parte de los gobiernos progresistas en la región. La ausencia de Correa en la papeleta electoral genera de por si un cambio significativo en la política nacional. A eso se suma, que la elección se da en un contexto de recesión económica generada por la crisis económica internacional, la caída del precio del petróleo, y la apreciación del dólar, lo que afecta la balanza de pagos ecuatoriana, de manera particular por ser una economía dolarizada. Además, se da en medio de denuncias de corrupción varias de ellas vinculadas a contratos con la Constructora Odebrecht. Un cuarto factor, es la buscada de recuperar el poder político por parte de tendencias conservadoras en toda la región.

 

No es de sorprender entonces que la oposición se haya aglutinado alrededor de candidaturas que representan a sectores conservadores. Los dos candidatos con mayores posibilidades fueron el ex banquero Guillermo Lasso, y la representante del Partido Social Cristiano, vinculado a las cámaras de comercio, Cynthia Viteri. Aprovechando el contexto señalado, su campaña se basó en el desprestigio al actual Gobierno, y a establecer medidas de la vieja receta neoliberal que toman nuevos tintes demagógicos incluyendo: eliminación de impuestos, reducción del tamaño del Estado, flexibilización laboral, e incluso privatización de servicios públicos. Por su parte, el candidato oficialista, el ex vicepresidente Lenin Moreno, ha planteado la campaña desde generar continuidad a los logros de la llamada “Revolución Ciudadana” (reducción del desempleo, construcción de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, proyectos multipropósitos de agua para riego y control de inundaciones, reducción del desempleo y la desigualdad, aumento del salario básico, duplicación de la cobertura de la seguridad social, universalización de la educación básica, reducción de la pobreza en más 1,9 millones de persona, entre otros). Pero planteando un cambio de estilo en cuanto a ampliar espacios de diálogo, brindar incentivos al empleo juvenil, hacer "una cirugia mayor" a la corrupción y dar prioridad a políticas de protección social enfocadas en la primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, reducción del déficit de vivienda, y erradicación de la pobreza extrema. Ninguna candidatura ha dejado de lado la generación de empleo, las diferencias se dan en los modelos a seguir.

 

A la fecha, con el 91,1% de las actas de juntas electorales escrutadas el candidato Lenin Moreno gana la primera vuelta con el 39,07% de los votos válidos, seguido por el ex banquero Guillermo Lasso con el 28,42% de los votos. Una diferencia cercana a un millón de votos válidos (en un universo de 12,8 millones de electores). De esta manera cumple el primero de dos requisitos para ganar la elección presidencial, el tener una ventaja de más del 10% de votos válidos. Sin embargo, parece que no se alcanzará el segundo requisito que es el de tener el 40% de votos válidos. La elección además incluye a la Asamblea Nacional donde el partido oficialista, Alianza PAIS, alcanzaría la mayoría de escaños, y una consulta popular promovida por el actual presidente para prohibir que personas que tengan cuentas en paraísos fiscales (como es el caso del candidato Lasso) puedan ejercer cargos públicos. En la que con el 55,8% de actas contabilizada, gana la propuesta con el 54,49% de los votos válidos. De esta manera se constituye un triunfo de la candidatura de Moreno, del movimiento Alianza PAIS y del Presidente Correa.

 

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha indicado que los resultados oficiales se tendrán en los próximos días. Existe una aparente demora en la contabilización de actas debido a impugnaciones realizadas por los diferentes partidos políticos, así como a inconsistencias de algunas actas especialmente provenientes de zonas rurales, donde triunfa el candidato Moreno. En este escenario la candidata Viteri anticipó su apoyo a Guillermo Lasso, y este ha llamado a manifestaciones en las afueras del Consejo Nacional Electoral, cercando el lugar siguiendo el estilo de las derechas regionales, e intentando posicionar la idea de que en el caso que se llegue al 40% de votos válidos a favor de Moreno se trataría de fraude electoral. Manifestaciones que auspiciadas por el candidato vicepresidencial de Lasso, Andrés Paéz, ya han generado actos de violencia.

 

En el caso de que Lenín Moreno logre el 40% de votos válidos y gane la presidencia sin ir a segunda vuelta deberá enfrentar un escenario de división política y social. En caso de ir a segunda vuelta contra el candidato Lasso requerirá del apoyo de sectores de la población desencantados con el proceso político de la “Revolución Ciudadana” para poder alcanzar la mayoría de votos. Mientras la oposición simplifica las cifras al señalar que todos quienes no votaron por Moreno están en contra de él, y vacía la idea de cambio en una campaña sin política (propuesta, debate, ideología) dónde prevalece la “guerra de memes” y la estrategia del escándalo para ganar quitando votos.

 

Quien quiera ganar la elección y legitimar el triunfo, ya sea en primera o segunda vuelta, deberá tener la capacidad de conectar con la ciudadanía. En ese escenario Guillermo Lasso tiene límites, ya que no logra conectar con los sectores populares, por su agenda neoliberal, su falta de carisma, porque se lo recuerda por su responsabilidad en la crisis financiera de 1999, y por el rechazo a su candidato a la vicepresidencia Andrés Paéz quién está vinculado a denuncias de corrupción, así como a la promoción de manifestaciones violentas. Su fuerte sería aglutinar el voto de rechazo al actual gobierno. Por su parte, la ventaja la tiene Lenín Moreno si brinda señales contundentes para concretar la voluntad que ha expresado de enfrentar las denuncias de corrupción (incluyendo a las que involucran a su candidato a la vicepresidencia Jorge Glas) y logre acercarse a sectores que anteriormente se alejaron del actual gobierno, y demandan cambios, recuperando agendas progresistas de organizaciones sociales, derechos de la naturaleza, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, economía popular y solidaria, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos, pero además planteando un pacto claro con sectores productivos, comerciales e industriales, para gobernar un país diverso.


Ver versión actualizada publicada en Kafeina.tv (2 de marzo de 2017): http://www.kafeina.tv/segunda-vuelta-esta-juego/

Por @andresmideros

 

En la campaña electoral se ha vaciado a la política. El debate de ideas, ideologías y programas es reemplazado por propaganda y “guerra de memes”. Los mensajes se simplifican y las mentiras logran impunidad. No es de sorprender que los debates entre candidatos no generen ningún efecto. Entonces, es fundamental dar un espacio para reflexionar con un poco más detalle sobre las propuestas y falacias que se presentan en la contienda electoral. La decisión que tomaremos en las urnas el domingo de 19 de febrero es transcendental para toda la sociedad. A la larga, la improvisación hace daño.

 

La campaña del escándalo, que no es otra cosa que espectáculos montados para ganar quitando votos, no ayudan a solucionar los problemas que pretenden denunciar. Así se deja huérfana a la demanda que se hace de “cero tolerancia” a la corrupción, de fiscalizar el uso de las rentas del petróleo desde el “boom” que se dio en 1972 y hasta la actualidad, pero además de los contratos de infraestructura y gestión de sectores estratégicos desde los años 70s, así como de otros males vinculados como la evasión fiscal, la “sucretización de la deuda” y el salvataje bancario; porque en todo eso se perdieron recursos para mejorar la calidad de vida en el Ecuador. La corrupción en todas sus manifestaciones frena el desarrollo, pero como estrategia de propaganda electoral hace más daño que beneficio. Cambiar por cambiar no ha sido y no será la solución.

 

La principal preocupación de la ciudadanía se centra en la economía y el empleo. En el trasfondo está el debate, sin consensos, sobre los roles del Estado, el mercado y la sociedad. Los candidatos de oposición plantean sus posturas económicas y de empleo dejando de lado a la sociedad. No proponen ninguna política social. Piensan un modelo donde manda el mercado, la gran empresa privada (y sus Cámaras) y la banca. No es de sorprender ya que representan a esos sectores. Su propuesta no es nueva, fue predominante desde el retorno a la democracia con los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad y Lucio Gutierrez. Un “modelo empresarial” de desarrollo. Hay que preguntarse: ¿cuáles fueron los logros de estos gobiernos?, o cómo en algún momento se preguntó, y parece que ya se olvidó: ¿Quién jodió al país?

 

No es menor, porque la historia importa, recordar la “sucretización” de la deuda, la represión y los desaparecidos, la privatización de empresas públicas e incluso el intento de privatizar al IESS, la desregularización de la banca, la Ley de Garantía de Depósitos y el salvataje bancario, las cartas de intención firmadas con el FMI. Recordar, para comparar distintas crisis económicas, que para 1999 más de la mitad de ecuatorianos eran pobres. Eso pasa cuándo se cree que la economía se separa de la sociedad, y que el mercado puede actuar en impunidad.

 

El eje de las propuestas de oposición es la generación de “un millón de empleos”, la “eliminación de impuestos”, y la “privatización” de servicios públicos como la salud (mediante una “zona franca” señala la propuesta). La receta es la que se promovía a través del “Consenso de Washington” en los años 80s y 90s. Se parte de suponer que el incentivo para producir es la maximización de las ganancias (así enseñaban en las facultades de economía), dejando de lado el fin último que es la satisfacción de necesidades humanas y la reproducción de la vida. En esta lógica se plantea que reducir impuestos amplía el margen de ganancias y entonces atrae mayores inversiones, y con ellas se genera empleo. No importa que la reducción de impuestos significa menos recursos públicos (más de USD 3.000 millones según la propuesta) y que la reducción beneficia más a quienes más tienen (aumentando la, ya elevada, desigualdad). Los impuestos son ingresos permanentes del Estado (no financian inversiones, sino gasto corriente) que deberán ajustarse en menos servicios de salud, educación, seguridad, bienestar social que a la larga deberá pagar la ciudadanía, comprándolos al sector privado. Eso sin contar la destrucción de empleos en esos sectores. Es decir menor bienestar general, por buscar mayor rentabilidad empresarial. De la mano, y así lo plantea la oposición, viene la flexibilización laboral. Nuevamente, se deja de lado al ser humano al considerarlo un insumo más en el proceso productivo. Entonces, la empresa debe poder contratar y despedir trabajadores libremente, como si se tratara del alquiler de una maquinaria. El ambiente, en el olvido, es otro factor de producción; lo ideal es reducir costos. Por su lado, las privatizaciones asumen que el mercado es eficiente para proveer la salud y la educación, al evitar costos innecesarios y generar ganancias. El resultado es servicios diferenciados de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona, y entonces servicios “pobres” para “pobres”.

 

El problema puede no ser de mala fe. Las propuestas responden a los intereses que representan los candidatos: empresarios y banqueros. Las propuestas responden a una visión de la economía que se centra en un modelo de producir para acumular ganancias, y que se desmarca del desarrollo social (lo deja a la caridad). Se olvida que a todos nos conviene que a todos nos vaya bien, no sólo a unos pocos. La alternativa es un modelo que logre unir la economía y la sociedad, encontrándolas en el trabajo digno. Para esto es fundamental seguir generando capacidades, y usarlas, que el Estado invierta en vivienda digna, en salud y educación, en desarrollo infantil, en seguridad, en la garantía de servicios básicos, en seguridad social, en erradicar la pobreza extrema, en infraestructura productiva, en crédito, en ciencia y tecnología, que los incentivos productivos se centren en el empleo y el emprendimiento de jóvenes y organizaciones de la economía popular y solidaria. Así se permite que la economía se desarrolle, con mayores capacidades, con emprendimiento, con mayor consumo, con responsabilidad ambiental, con justicia social. Es necesario generar círculos virtuosos entre la economía y el desarrollo social, y para ello hay que superar las visiones que se centran en la búsqueda de ganancias de corto plazo, cuyo costo es la pobreza y la degradación ambiental. Vale reflexionar, aprender de la historia, y superar la propaganda antes de ir a votar.

 

Ver versión publicada en Kafeina.tv (14 de febrero de 2017): http://www.kafeina.tv/empleo-economia-sociedad/

Por @andresmideros

 

Los candidatos a la presidencia para el próximo 19 de febrero han estado en búsqueda de binomio y de alianzas; unos suman y otros pierden. En la agenda está la conformación de listas para la Asamblea Nacional, en eso se concretan las alianzas que han hecho la mayor parte de candidatos y en el caso de AP sus propias disputas internas. La prioridad está en cerrar listas y buscar “unidades” (para cerrar filas), dejando al margen el generar contenidos. En este escenario poco se ha dicho sobre propuesta concretas para el país; y vale señalar que los borradores de “programas de gobierno” que circulan no son una buena carta de presentación (hay que esperar a los programas oficiales para comentarlos).

 

Las estrategias “comunicacionales” parecen centrarse en “demostrar” cuál es la peor de las opciones, generando opinión de desprestigio (como que “los políticos” no estuvieran ya suficientemente desacreditados en el imaginario colectivo). Un mal que tenemos hace tiempo, que pretende reemplazar a la política por el marketing, al debate por la propaganda, al programa por las encuestas, y al discurso por el meme de Internet. Lejos estamos de recuperar a la política para discutir los grandes objetivos nacionales. El “consumismo” se está tomando las elecciones. Al marketing le conviene apelar a sentimientos maximalistas (todo bien, o todo mal), aprovechando que el voto no es racional. Poco se ha hecho para generar un voto reflexivo, y motivar el debate de ideas y la movilización social. Hay que superar el estado de debate de “ya ganamos, ya lo hicimos” y el de “todo mal, mejor todo lo contrario, si podemos vivir mejor”. Ambos discursos se han quedado vacíos.

 

¿Los binomios son un “disparo al pie”?

 

Las derechas cierran filas junto a la banca. El ex-banquero Guillermo Lasso apuesta a Andrés Páez (ex I.D.) dejando a Quito fuera de su papeleta (no es mayor problema, el problema es que lo había ofrecido), y mejora las opciones de subir apoyos al General Moncayo. En CREO, Lasso es caudillo con la propuesta en desmontarlo todo, cerrar la Senescyt, la Senplades, bajar impuestos, “libertad” de elegir entre seguridad social y seguros privados. Receta conocida de los años 80s y 90s. En alianzas ha logrado el apoyo de SUMA de Mauricio Rodas, a cambio del primer lugar en la lista de asambleístas (algo que la I.D. no quiso cederles, ya que es el puesto -merecido- de Wilma Andrade); también tiene el apoyo de Paúl Carrasco (otro ex I.D., que estaba en negociaciones previas con la “Unidad” de Jaime Nebot). Personas cercanas a Lasso han mostrado lo peor de las derechas: el miedo de que gobiernen los “muertos de hambre”, y la importancia de “una buena primera dama”. Por su parte, Cynthia Viteri se va quedando sola (ya le pasó en 2006) y bajando en encuestas; el último rompimiento de la “Unidad” de Jaime Nebot ha sido con Ramiro González (ex I.D.) y su movimiento AVANZA (que creó siendo ministro del Gobierno de A.P.). En propuestas se repite bajar impuestos. En binomio se acerca al sector bancario de la sierra, donde suenan Rodrigo Paz (ex D.P.) y Mauricio Pozo (ex Ministro de Lucio Gutierrez).

 

El General Moncayo ha mostrado habilidad para las alianzas. Sin ser miembro de la I.D. logró ser su candidato y sumar al Acuerdo Nacional por el Cambio (con ex MPD, unos de Pachakutik, ex Socialistas, ex Alianza País). No logró la alianza (que buscó) con SUMA y Mauricio Rodas (porque algo debía quedar en candidaturas para quienes formalmente son I.D). Consiguió el apoyo de Jimmy Jairala y su Centro Democrático (duro golpe para Alianza PAiS). El binomio lo propone Jairala: el banquero Mario Canessa (o su delegado). Las propuestas también las pone Jairala: bajar impuestos, la alianza del pacífico, negociar con el Banco Mundial, abrirse a la banca extranjera. Es tan amplió el abanico de alianzas que cualquier cosa podría salir de ahí. Al momento, con la declaración del General Moncayo de apoyar a cualquiera (es decir a Guillermo Lasso o Cynthia Viteri) en segunda vuelta, las propuestas de Jairala, un potencial binomio de la banca, la historia de gestión que tiene (junto a Andrés Vallejo de la I.D.) del Municipio de Quito vía Corporaciones y Empresas (“autónomas”) lo alejan de la idea de un programa “progresista”. En alianzas nunca es claro, pero la balanza de Moncayo se pone en derechas hasta el momento.

 

Lenín Moreno, candidato de Alianza PAiS (AP), tiene como binomio a Jorge Glas. El binomio es una apuesta de AP por la “unidad” interna, que frente a la tendencia de continuidad del proyecto de cambio que representa Moreno, representa la tendencia del continuismo. Y poco atrae a otros sectores progresistas, lo que coincide con una caída en las encuestas y por ende en la posibilidad de ganar en primera vuelta. Además, se han hecho públicos casos de corrupción como los de Petroecuador, y se posicionan en la opinión pública otras dudas vinculadas a la gestión de sectores estratégicos y de la comunicación, principalmente. En las alianzas se ha perdido el apoyo del Centro Democrático, y se mantienen movimientos indígenas de la sierra centro, algunos socialistas, el partido comunista y otras organizaciones dentro del Frente Unidos. A la fecha, no hay nuevas alianzas formales; si hay organizaciones sociales que desde afuera y más allá de AP se organizan para apoyar la candidatura de Lenín Moreno. La agenda del candidato se ha centrado en reuniones previamente organizadas para consolidar los apoyos internos. La principal apuesta ha sido marcar un nuevo estilo de Gobierno, abriendo diálogo con todos los sectores, reconociendo (y partiendo de) el cambio histórico que han significado los últimos diez años para el Ecuador, pero marcando distancia al señalar por ejemplo que hay cosas que mejorar. Como propuestas concretas ha planteado apoyo mediante financiamiento y asistencia técnica a emprendimientos juveniles, y universalizar la seguridad social para adultos mayores. Como en los otros casos, no se conocen detalles.

 

Hasta este 18 de noviembre se espera la inscripción formal de los binomios y las listas para asambleístas, así como la presentación de programas de gobierno. Es esto último lo que requiere mayor atención. El desempleo y la crisis económica es la principal preocupación de la ciudadanía. Sobre esto hay que dar claridades en los programas de gobierno: acceso a crédito, inversión privada, tratados comerciales, política fiscal (impuestos e incentivos), generación de empleo directo, derechos laborales, seguridad social. Las acciones en este frente marcarán las diferencias, sobre apostar por recetas neoliberales en favor de las grandes empresas (el capital), o por dar impulso a economías populares y solidarias y a una mejor (re)distribución de la riqueza. Pero también en otros aspectos, entre los que destacó al rol de la política social, y la visión frente a la garantía de derechos desde el Estado (salud, educación, vivienda, primera infancia, adultos mayores, juventudes, inclusión económica, seguridad social), y como articular la política social con la fiscal y la ambiental. Además, se debe aclarar la visión de sociedad que se propone y cómo trabajar en demandas legítimas de expansión de derechos y de igualdad (matrimonio igualitario, despenalización del aborto en casos de violación, igualdad de género, étnica y de discapacidades). Y finalmente, la posición frente a la corrupción. La ética, la fiscalización y la lucha contra la corrupción (en todos los niveles públicos y privados) deben estar más allá de cualquier pacto, no es algo negociable.

Por @andresmideros

 

El próximo 19 de febrero se elegirá nuevo Presidente de la República, así como asambleístas para el poder legislativo. Toma relevancia la elección presidencial toda vez que será el término de un ciclo de 10 años liderado por Rafael Correa Delgado. Esta semana marca un primer hito hacia las elecciones. El tiempo de las definiciones internas de movimientos y partidos, así como de sus alianzas y pactos. Como está organizado el proceso democrático electoral, lo primero que se debe lograr es ser candidato, después ganar las elecciones, y finalmente gobernar. Cada momento tiene lógicas, disputas y tensiones particulares. En todos se van definiendo los programas, y los apoyos.


De las candidaturas de Dalo Bucaram (por Fuerza Ecuador, el “nuevo” PRE) y de Washington Pesantez (por Unión Ecuatoriana) no hay mucho que decir, candidatos de ambiciones personales con bajo apoyo según las encuestas. Está pendiente el resultado de las conversaciones entre Álvaro Noboa (de Adelante Ecuatoriano Adelante, el “nuevo” PRIAN, y ex candidato del PRE) y el derrocado Lucio Gutierrez (del Partido Sociedad Patriótica, PSP), que pueden caer en una “nueva” candidatura de ambición personal, o apoyar a las candidaturas de derechas. También pendiente la definición de Centro Democrático (de Jimmy Jairala) de ir con candidato propio por el centro del espacio político, apoyar a la Lenín Moreno desde el Frente Unidos, o apoyar a otro candidato (difícilmente a Chyntia Viteri o Guillermo Lasso). Sin duda un interesante aliado para cualquiera.


Entre quienes tienen opciones. Por derechas Guillermo Lasso (candidato por CREO, ex banquero, y ex Ministro de Jamil Mahuad) es segundo en las encuestas, con un discurso de desmontar todo lo hecho durante el gobierno de Rafael Correa, es el extremo que quiere cambiarlo todo, porque todo está mal, y viene a refundar la patria. Es quizá la mejor opción electoral para las derechas (aunque ni Nebot ni las derechas de la sierra llegan a acuerdos con él; por algo será, se conocen) y seguro tendrá un bloque importante en la Asamblea Nacional, suficiente para negociar con poderes económicos. Sin embargo, la mejor opción para las derechas convencidas es Cynthia Viteri (bajo la tutela de Jaime Nebot, y la sombra de León Febres Cordero) trae de vuelta al Partido Social Cristiano; y Nebot la hace candidata por “La Unidad” recordándonos la política de palos y golpes, junto a sus nuevos aliados de AVANZA (de Ramiro Gonzaléz, ex ID y ex Presidente del IESS durante el actual Gobierno) y del Movimiento Concertación (de César Montufar). Si se da segunda vuelta, lo más seguro es que a Lenín Moreno le toque competir contra un candidato de derechas (Lasso con más opción al momento). Que ganen las derechas es peligroso para continuar el cambio hacia el progresismo, pensemos en Argentina. Sin duda las derechas (entre CREO, PSC y sus aliados) lograrán un bloque importante en la Asamblea, peligroso también para mantener políticas progresistas, pensemos en Brasil.

 

Por la ambigüedad del centro, Paco Moncayo consolida su estrategia desde el “Acuerdo Nacional por el Cambio”. Logró la candidatura por la “nueva” Izquierda Democrática (ID), después de que Jefferson Pérez dejó de ser opción, Paúl Carrasco se derechizó, y María Paula Romo (“nueva” afiliada de la ID, superando el febres-borjismo que se criticó en el pasado) no tuvo los apoyos necesarios. Moncayo con la ID bajo el brazo (a la cual nunca se ha afiliado), y caminando junto a Wilma Andrade, logró los apoyos de Lourdes Tibán (precandidata por Pachakutik) y Lenín Hurtado (precandidato por el Movimiento Popular Democrático, MPD). Se podría decir que así se le fue lo “nueva” a la ID, pero mejoró sus opciones. Se espera el resultado de sus negociaciones con SUMA de Mauricio Rodas y Guillermo Celi, para saber si mejora opciones cediendo lo de “izquierda”, o no. En todo caso Moncayo está escogiendo quienes se suben a su camioneta. Enrique Ayala Mora y Mery Zamora también están, entre otros/as.

 

Por su parte, Alianza PAiS (AP) confirmó lo evidente, la razón no pide fuerza: Lenín Moreno como candidato a la presidencia. No sólo porque lidera las preferencias ciudadana y las encuestas, sino además porque cuenta con el mayor liderazgo, después de Rafael Correa, del movimiento político al que representa. Un movimiento (nunca partido) que ha pasado por un momento de intensa (para muchos/as molesta) disputa interna (sin debates explícitos, ni públicos) para pensarse más allá de Rafael Correa (sujeto histórico de cambio), y de diez años en el Gobierno. AP es un movimiento que aglutina diversas tendencias, y debe partir por reconocerse como tal para que las disputas sean menos molestas, con más debates y más abiertos. Eso permitiría incluir. Lenín Moreno planteó su regreso al país y aceptó la candidatura con “la mano tendida” para dialogar con todos los sectores (de la sociedad) en función de los grandes objetivos nacionales, reconociendo el cambio logrado en los últimos años así como la necesidad de profundizarlo y de dar paso a correcciones que sean necesarias. Se plantea así un candidato que representa a los sectores más progresistas. El binomio, también sin sorpresas, se confirma en Jorge Glass. De esta manera AP apuesta a un acuerdo interno de unidad para ser "más fuertes". Se pretende así consolidar el “voto duro” de AP (El Presidente indicó que es del 38%, que con buena campaña da para ganar en primera vuelta). Parece que hasta el momento se ha visto para adentro, para definir binomio. Falta oficializar las listas para la Asamblea Nacional, y de esa manera los equilibrios de las tendencias. Es momento de mirar hacia afuera para ganar las elecciones, con claridad en las expectativas y demandas de la ciudadanía; y sabiendo que la conformación del binomio y de las listas de asambleístas traerá tanto beneficios como costos, y que en ningún caso el “voto duro” es suficiente para ganar. Se debe incluir, y tener claro a quienes se quiere incluir. Asumir que es a las derechas a quienes se debe vencer, no por PAiS sino por el país.

 

Finalmente, los ausentes en la definición de candidaturas han sido las organizaciones sociales. Si se prefiere, la sociedad organizada más allá de movimientos y partidos. Son la base del poder popular y la democracia radical. Es entender la democracia más allá de elecciones, y lo público más allá de lo Estatal. La democracia netamente representativa está agotada, y los movimientos y partidos en ningún caso sustituyen a la organización autónoma de ciudadanos y ciudadanas. No se puede profundizar un proceso de cambio progresista negando la importancia de la organización social. Los siguientes momentos (ganar las elecciones y conformar gobierno) dependerán en gran medida de cómo se mira a estos sectores. La “mano tendida al diálogo” de Lenín Moreno, su capacidad de hablar sin tecnicismos y bajo el sol, con la camisa blanca, y su compromiso con la inclusión da esperanza.

Por @andresmideros

 

La pobreza tiene muchos rostros. Hambre, no contar con recursos para alimentarse adecuadamente. Sed, no tener acceso a agua segura. Insalubridad, no contar con alcantarillado, vivir en una casa con materiales inadecuados, vivir hacinados. Ser vulnerable a riesgos naturales y de salud. No tener un trabajo digno ni seguridad social. Niños/as que no van a la escuela, y sufren malnutrición. Pero también discriminación, exclusión, explotación y violencia. La pobreza es no tener derechos, ni oportunidades.


En los últimos años se han logrado importantes avances. Sin embargo, uno de cada cuatro ecuatorianos todavía sufre de varias de estas condiciones, especialmente niños/as, adultos mayores, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Quedan muchos desafíos.


Todos los indicadores de pobreza muestran reducciones importantes:

  • La pobreza por ingresos (contar con menos de $ 2,79 diarios, a diciembre de 2015) se redujo de 37,6% en 2006 a 23,3% en 2015. Esto significó que 1,5 millones de personas salieron superaron este umbral.
  • La pobreza por consumo (consumir menos de $ 2,81 diarios, a 2014; la diferencia con el ingreso es que esta mide consumo real, y la primera disponibilidad de ingresos) cayó de 38,3% en 2006 a 25,8% en 2014. 1,3 millones de personas superaron este tipo de pobreza.
  • La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) que combina condiciones de los hogares (acceso a servicios básicos, calidad de materiales de la vivienda, hacinamiento, asistencia a la escuela y dependencia económica) pasó de 51,6% a 32,9% entre 2005 y 2015.
  • El porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional (que mediante 12 indicadores organizados en cuatro dimensiones aproxima el ejercicio de los derechos del Buen Vivir de educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; y hábitat, vivienda y ambienta sano) se redujo de 51,5% en 2009 a 35,0% en 2015, lo que representa que 1,9 millones de personas superaron esta condición de pobreza estructural.

 

Pobrezas 2016 08 29

 

Reducir la pobreza no es cuestión de suerte, sino que ha respondido a la planificación nacional. Las diferentes ediciones del Plan Nacional para el Buen Vivir (uno por periodo de Gobierno) y la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP) establecen los lineamientos de política pública cuya implementación ha permitido alcanzar estos logros. Por ejemplo, al revisar la evolución de la pobreza por consumo (coyuntural) se observa que está aumentó de 39,3% en 1995 a 44,8% en 1998, y que después regresó a un valor de 38,3% en 2006. Una década perdida en reducción de la pobreza. De hecho, se observa que en los ocho años comprendidos entre 1998 y 2006 este tipo de pobreza se redujo en 14,5%. Mientras que entre 2006 y 2014 este indicador de pobreza se redujo en 32,6%. Es indudable entonces que los últimos años han sido los de mayor reducción de la pobreza. Detrás están políticas públicas que incluyen el salario de la dignidad y el impulso a la economía popular y solidaria (EPS) a través de capacitación, asistencia técnica, asociatividad, crédito, preferencia en compras públicas, y acceso a mercados (ferias y regulación de perchas de supermercados), pero además las políticas de transferencias monetarias (BDH, Bono Joaquín Gallegos Lara, pensiones no-contributivas a personas con discapacidad y adultos mayores).


De manera similar, la reducción de la pobreza multidimensional (estructural) refleja logros de política pública. La carencia que más se ha reducido es la falta de acceso a la seguridad social, que se explica por una ampliación de cobertura donde se debe destacar la afiliación de trabajadores/as remunerados y no remunerados del hogar al IESS, pero además por la implementación de pensiones no-contributivas para adultos mayores desde el MIES. Así mismo se han reducidos carencias en cuanto a logro educativo incompleto e inasistencia a educación básica, déficit habitacional (vivienda), desempleo y acceso a servicios de agua y saneamiento. En esto se reflejan las políticas educativas, de vivienda, y el financiamiento desde el Banco de Desarrollo del Ecuador (anteriormente, Banco del Estado) a GAD Municipales para obras de agua potable y alcantarillado. Aquí está la apuesta para el futuro, la inversión más allá de infraestructuras, en generación de capacidades e igualdad de oportunidades.


Sin embargo quedan varios desafíos. La pobreza aún no se ha erradicado. Además, la crisis económica mundial afecta al Ecuador reduciendo la liquidez y la actividad económica y con ello el empleo y los ingresos. De manera particular, en diciembre de 2015 y junio de 2016 se evidenció un incremento de la pobreza por ingresos, particularmente en zonas rurales donde aumentó 4,0 y 2,9 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior (es decir en junio de 2016 habían 178 mil más personas en situación de pobreza que en junio de 2015). Por otro lado, la buena noticia es que la pobreza estructural medida por el IPM no se ha incrementado. En junio de 2015 estaba en 37,3% de la población y en junio de 2016 en 36,1%. Esto refleja que la crisis económica afecta a la pobreza coyuntural, pero que en términos generales se tienen mayores capacidades que en el pasado.


¿Qué hacer en este escenario? ¿Cómo afrontar la crisis? Así como en escenarios económicos positivos la política (y su expresión en política pública) refleja prioridades para distribuir y redistribuir beneficios, en crisis hay que ver a los costos. Evitar retrocesos en reducción de pobreza estructural (multidimensional) requiere que se mantengan y sostengan servicios sociales de salud, educación, primera infancia, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. Esto debe reflejarse en prioridades concretas dentro del Presupuesto General del Estado. Frente a la pobreza coyuntural (de ingreso) las prioridades deben estar en ampliar el fomento de la economía popular y solidaria que es dónde (todavía) se encuentra la población más vulnerable. Esta no está empleada en grandes empresas recibiendo el salario de la dignidad y afiliada a la seguridad social, ni con ahorros y acceso a créditos, ni con posibilidades de viajar a hacer compras en otro país (es decir, con mayores capacidades de afrontar la crisis). Así mismo, la población damnifica por el terremoto del 16 de abril, en su mayoría, no realiza actividades económicas catalogadas de “empleo adecuado”. Es a estos sectores a los que se debe dar hoy más que nunca incentivos productivos, acceso a crédito y medios de producción, y prioridad en compras públicas. Recordando además que estos sectores (la mayoría de la población) son los dinamizadores de las economías locales, ya que su consumo se da dentro de su propio territorio.


Finalmente hay un gran pendiente. La meta siempre ha sido erradicar la pobreza extrema por ingresos al 2017. La tendencia era la correcta, pero ahora está en alto riesgo de no cumplirse. La política pública en todas las agendas globales y regionales hace una apuesta decidida por las transferencias monetarias (condicionadas o no). En el Ecuador tenemos al BDH, y la literatura muestra que lejos de generar desincentivos (dejar de trabajar, asumiendo que la gente es vaga), ayuda a hogares en pobreza extrema a superar “trampas de pobreza” (poder comer, tener un ingreso seguro para emprender, cubrir costos de transporte para acceder a servicios, e incluso acceso a crédito). En el mundo y en la región se vienen expandiendo este tipo de programas, y la evidencia científica es clara en su capacidad (para junto a otros programas complementarios) dar condiciones y oportunidades a los hogares para que con su esfuerzo salgan de condiciones de pobreza extrema. Una pequeña reforma, que permita pasar de una transferencia plana (el BDH es de $ 50 mensuales al hogar, sin importar el número de personas) a una que considere el número de niños/as y adolescentes en el hogar (transferencia variable), y ajustando el instrumento de focalización para garantizar que se llegue a los hogares en pobreza extrema por ingresos permitiría alcanzar esta meta al 2017. Sin duda, hay un costo. No más del 0,1% del PIB, para tener un país sin pobreza extrema. ¿Cuánto se gasta en subsidios a la gasolina, subsidios a pensiones, en incentivos a grandes empresas, en deducciones al impuesto a la renta?


La pobreza es la negación de derechos, y por ende de la ciudadanía, es generada por estructuras de poder económicas, políticas y culturales. Los pobres no son quienes salen a marchar o contramarchar, porque son los sin voz, los nadie diría Galeano. Erradicar la pobreza extrema es un imperativo moral, debe ser la prioridad de las voluntades sociales y políticas. Es posible, es un deber ético.


 

Ver versión (reducida) publicada en Diario El Telegrafo (30 de agosto de 2016): http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto-de-vista/1/logros-y-desafios-en-la-erradicacion-de-la-pobreza


Ver versión (ampliada) publicada en GKILLCITY (5 de septiembre de 2016): http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/ecuador-tiene-menos-pobres-pero-aun-son-demasiados?utm_campaign=shareaholic&;utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork


Ver versión publicada en Kafeina.tv (14 de enero de 2017): http://www.kafeina.tv/erradicacion-de-la-pobreza-ecuador/

Por @andresmideros

 

El 4 de agosto fue el día mundial por la lactancia materna. Así que robando ideas de algunos lados recupero y actualizo un escrito del pasado 8 de marzo. La lucha por la igualdad es de todos los días. Y es que hay muchos temas pendientes de resolver, que han hecho del machismo un factor de violencia, desigualdad y pobreza. Sin desconocer que existen múltiples factores estructurales en esta temática, quiero centrarme en uno: el trabajo y el empleo.

Empezando con la lactancia materna. Dos aristas (robadas de aquí): la promoción y la condición. Es necesaria la promoción sobre la importancia de la lactancia materna para el desarrollo infantil, la información (aquí y aquí) genera conciencia (eso ya es de cada quién). Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es vital generar condiciones para que esto pase. Por un lado, garantizar que las madres trabajadoras puedan realmente destinar el tiempo necesario para la lactancia, que se cuente con espacios adecuados en lugares de trabajo, que el permiso de lactancia dure el tiempo que debe durar la lactancia exclusiva, entre otros elementos que requieren que pongamos a la vida por sobre el capital. Y por otro lado (robando de acá), hay que erradicar la discriminación y violencia que sufren a diario miles de mujeres por dar de lactar en público, como si fuera (aquello que tanto se promociona) el mayor atentado a las buenas costumbres, de una sociedad que no logra romper con el machismo, el curuchupismo, y de hecho la doble moral.

En otro tema, es fundamental partir del reconocimiento del trabajo de cuidado (en su mayoría no remunerado) que se vincula con la atención a niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad. Son actividades que sostienen la reproducción de la vida, olvidadas por el sistema capitalista que confunde el fin de la economía en la acumulación de riqueza monetaria, en lugar de la satisfacción de necesidades y la dignidad humana. De esta manera se oculta la desigualdad, ya que estas actividades se concentran mayoritariamente en mujeres. De acuerdo a la encuesta de uso del tiempo del año 2012 se observa que las mujeres dedican semanalmente, en promedio, 31 horas y 40 minutos a estas actividades, frente a 9 horas y 9 minutos de los hombres. No se puede regular el trabajo y el empleo sin enfrentar estas realidades, que generan desigualdades en el uso del tiempo, la independencia económica, y en última instancia en la libertad de “ser” y “hacer” de las mujeres. Algo inconcebible en el siglo XXI, y peor aún en una sociedad que pretende construir el Buen Vivir.

Estas realidades se expresan también en el llamado “mercado laboral” (ahí donde se vende la fuerza de trabajo por un salario, y el ser humano se convierte en mercancía -factor de producción). A diciembre de 2015, el empleo adecuado en el caso de mujeres alcanzó el 36,9%, y el desempleo el 6,1%; en comparación al 53,1% y 3,9% en el caso de hombres. El ingreso de los hombres es entre 1,1 y 2,2 veces el de las mujeres, según el sector económico en que se ocupan. Entre los determinantes de esta desigualdad, uno es el “poder” de hombres y mujeres en las relaciones laborales. Si por costumbre social e incluso por lo que establece la Ley la mujer podría en algún momento optar por la maternidad o el cuidado de otras personas, no es de extrañar que el empleador tenga una preferencia a ofrecer mejor empleo y mayor salario a un hombre, con las mismas capacidades. Eso hay que cambiar.

¿Qué hacer? Además de y relacionado a lo indicado en relación a la lactancia materna, es necesario igualar la licencia de paternidad con la de maternidad, así como el permiso para la alimentación y cuidado del hijo o hija. De esta manera se rompen los roles que impone el machismo, se democratiza el tiempo, y se igualan las condiciones laborales. Es importante que estas licencias sean con remuneración para no llegar a la disyuntiva de elegir entre el cuidado y la capacidad de generar ingresos. El cuidado así como el trabajo, son derechos, y no un privilegio o lujo de pocos.

Propuestas hay. Lo más díficil es el cambio cultural.

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