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PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por: @andresmideros


Las últimas semanas han estado llenas de códigos, “emergencias” y fútbol. En buena hora el mexicano Ochoa, el “gringo” Howard y el costarricense Navas, entre otros, dan ejemplo de cómo se evita que se hagan “goles”. En Quito se dice que el transporte público está en “emergencia”. Como usuario estoy de acuerdo con el término; pero verdades a medias suelen ser mentiras. La “declaratoria de emergencia” lo único que hace es permitir el uso de recursos públicos (contratación) sin llevar el proceso respectivo (que se debió iniciar al inicio de la gestión). Más cuando la ausencia de un plan integral de movilidad es evidente. Así que todos y todas con los “guantes” puestos, vaya a venir el “gol” de improviso.


En lo nacional, se aprobó la Ley de Aguas que establece la autoridad única desde el Estado, como debe ser dado que el agua es un derecho de todos y todas. Es necesario generar mecanismos para fortalecer la descentralización en la gestión de agua potable y de riego, y sobre todo garantizar la universalización de acceso a agua segura. Por su parte se debe fortalecer la participación comunitaria para vigilar la democratización del acceso al agua para producción. Pero sobre todo se debe garantizar el cuidado del agua y su calidad. Para esto es necesario un Plan Nacional de Recursos Hídricos.


Está en revisión, en el ejecutivo, el Código de Relaciones Laborales. En buena hora, así como al Ministerio del ramo, se le devolverá el nombre que debe tener: Trabajo. Se debe cuidar que el Código no retroceda en derechos de trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, no sería aceptable un código que no haga primar el principio de poner al “ser humano sobre el capital”. Se debe garantizar los beneficios, justos, de los y las trabajadores; y es hora de reconocer todas las formas de trabajo, empleo y ocupación.


Está pendiente, y va de la mano con el anterior, la ley reformatoria a la seguridad social. Parece que no tendremos un Código Integral de Protección Social, como deberíamos en base al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que establece la Constitución. Pero, bueno, dar algunos pasos adelante es importante. Es necesario universalizar la seguridad social por dos vías: obligatoriedad y articulación del aseguramiento no-contributivo. Las prestaciones, se deben dar desde una mirada de ciudadanía, y no de contribuyente. Garantizar la salud, la vejez digna y la erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad económica deben ser el centro de esta reforma. Nuevamente, es poner al “ser humano sobre el capital y el mal llamado `mercado´ de trabajo”.


Pero el que viene es el Código Monetario y Financiero. Norma fundamental para actualizar el marco regulatorio en base a la Constitución de 2008, y para regular la banca pública y privada. Es evidente que la mayor crítica desde los bancos sea la regulación. No quieren ser regulados, pero se debe ser enfático al señalar que un banco trabaja con dinero ajeno (el de los y las depositantes, a quienes se debe proteger), y que su función, de intermediación financiera, debe enfocarse en el desarrollo para todos, y no en el negocio de pocos. El informe para primer debate en la Asamblea establece entre las principales reformas del Código que: establece un solo órgano de regulación monetaria y financiera, recupera instrumentos de política económica para el Estado, reordena el sistema financiero nacional, mejora la capacidad de supervisión del Estado, regula el crédito, regula el mercado de valores y fortalece el régimen de seguros privados. Son 511 artículos, 15 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y derogatorias y 36 disposiciones transitorias que se necesita leer con cuidado. Aquí dejo algunos artículos recomendados sobre el tema:


Por: @andresmideros


Si de enmienda o reforma a la Constitución se trata prefiero la segunda (la reforma), porque en ella todos votamos. Pero los dos mecanismos existen, y depende del tema (el fondo y la forma). En el primero (la enmienda), una opción es la aprobación en la Asamblea Nacional por las dos terceras partes de sus miembros (aquellos que elegimos en la urnas), con un año entre el primer y segundo debate. La otra alternativa es que el Presidente o la ciudadanía soliciten un referéndum. Este procedimiento aplica cuando no se altere la estructura fundamental de la Constitución, ni el carácter y elementos constitutivos del Estado, y no se restrinjan derechos ni garantías, ni se modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. En el segundo (la reforma) se requiere solicitud de referéndum del Presidente, la Asamblea Nacional o la ciudadanía. Las restricciones, en este caso, es no restringir derechos ni garantías, ni cambiar el procedimiento de reforma a la Constitución. Pero no queda a discreción, es la Corte Constitucional la que define el procedimiento que aplica para cada caso (si hay 17 propuestas de enmienda, hay 17 casos). Todo esto está en los artículos 441 al 443 de la Constitución por la que la gran mayoría votamos en 2008. Y claro, hay una tercera vía, el Asamblea Constituyente (Art. 444).


La Asamblea Nacional presentó a la Corte Constitucional un proyecto de enmiendas a la Constitución. Serán los magistrados los responsables de definir (y justificar) el procedimiento a seguir, en cada caso. Quienes presentan la propuesta la justifican diciendo que hay nuevas condiciones, y además que hay temas que se pueden perfeccionar. Es claro que el tiempo cambia las condiciones, y que todo es perfectible. Veamos las 17 enmiendas propuestas:


  • • (1) Incluir en el Art. 88 (sobre la acción de protección) la frase: “la Ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida”. En el argumento se hace referencia a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, donde se establecen los supuestos en los que no procede la acción de protección. La acción de protección busca garantizar derechos. Está bien que en la Ley se defina el procedimiento y los requisitos (como ya se lo hace); pero no estoy de acuerdo con que se establezca la posibilidad de “inadmitir” la acción de protección, mucho menos en rango constitucional. No queda clara la intencionalidad de la enmienda, pero abre la puerta a posibles retrocesos en materia de garantía de derechos.

  • • (2) En el Art. 104 (de la convocatoria a consulta popular), en el caso de convocatoria realizada desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) incluir la frase “que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno”. Me parece adecuado. Y en el caso de convocatoria desde la ciudadanía eliminar la frase “sobre cualquier asunto”. No estoy de acuerdo. ¿Quién definirá los temas sobre los cuales el “soberano” puede solicitar consulta popular?

  • • (3 y 4) En los Art. 114 y 144 (sobre la reelección de autoridades) suprimir las frases “por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo” y “por una sola vez”, respectivamente. De esta manera se plantea dar paso a la reelección indefinida. Si bien lo prioritario es la periodicidad de elecciones (dónde con el voto elegimos, reelegimos, o rechazamos), ya lo he dicho antes: una reelección puede ser poco, indefinida es demasiado. Una es poco por continuidad de políticas públicas y de procesos de transformación históricos (cuando en democracia así lo decida el “soberano”). Indefinida es demasiado por acumulación de poder y porque se limita la alternabilidad y la renovación, afectando la calidad de la democracia. Además, atenta contra principios de la organización en forma de República que establece el Art. 1. Por otro lado, faltaría modificar las reglas de elección. Si se discute el número de reelecciones hay que perfeccionar los mecanismos de elección de candidaturas (elecciones primarias), la representatividad territorial (distritos electorales), la igualdad de oportunidades y la obligación de debatir propuestas y programas de gobierno.

  • • (5) En el Art. 142 (sobre los requisitos para ser Presidente/a) sustituir las palabras “treinta y cinco” por “treinta”. Me parece adecuado porque amplía la participación política, y en la historia así como en otros países la edad se ha fijado de la misma manera.

  • • (6) En el Art. 158 (sobre las Fuerza Armadas) aumentar como misión complementaria de las fuerzas armadas “el apoyo en la seguridad integral del Estado de conformidad con la Ley”. Me parece adecuado, en el marco del derecho a una cultura de paz y de apoyo a la Policía Nacional en temas de seguridad interna.

  • • (7 y 8) En los Arts. 211 y 212 (sobre la Contraloría General del Estado) suprimir las frases “, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado” e “y gestiones”, respectivamente. De esta manera se pretende concentrar las atribuciones y esfuerzos de la Contraloría en el control del uso de los recursos del Estado.

  • • (9) En el Art. 214 (sobre la Defensoría del Pueblo) sustituir la frase “y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior” por “observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior”. Se pretende que la organización de la Defensoría del Pueblo se realice en base a la realidad y demanda ciudadana.

  • • (10 y 11) En los Arts. 229 y 326 (sobre el trabajo en el sector público) suprimir “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del trabajo” y “Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”, respectivamente. De esta manera se plantea igualdad en el sistema laboral del sector público; y se establece una disposición transitoria que garantiza los derechos de quienes se encontraban sujetos al Código del Trabajo.

  • • (12 y 13) En el Art. 261 (de las competencias exclusiva del Estado central) aumentar después de “las políticas de educación, salud, seguridad social vivienda” la frase “En consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes”; y en el numeral 7 del Art. 264 (de la competencias exclusiva de los gobiernos municipales sobre planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento) eliminar “de salud y educación” y añadir “Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación”. De esta manera se clarifica la competencia de infraestructura de salud y educación en manos del Estado Central, quién es responsable de la política pública en esas materias. De esta manera se puede generar mayor equidad en la prestación de los servicios. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de que la infraestructura y equipamiento lo realicen los gobiernos municipales previa autorización del ente rector (Ministerio), definiendo los mecanismos de coordinación.

  • • (14) En el Art. 370 (sobre la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) aumentar “El Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Estoy de acuerdo. Se debería incluir a los demás ciudadanos y ciudadanas en el marco del derecho a la seguridad social y a la vida digna.

  • • (15) En el Art. 372 (sobre fondos previsionales) cambiar la palabra “provisional” por “previsional”. Un error de término que se debe corregir.

  • • (16) En el Art. 384 (sobre la comunicación social) incluir “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”. La comunicación es un derecho, es un servicio de alto intereses social, y debe ser garantizado y regulado por el Estado. Sin embargo, más que un “servicio público” es un “servicio de orden público”, justamente porque el servicio se puede y debe prestar por medios públicos, privados y comunitarios, sin necesidad de una concesión pero en estricto cumplimiento de la Ley y bajo regulación estatal.

  • • (17) En la disposición transitoria primera, numeral 9 (sobre el plazo para la conformación de regiones) suprimir la frase “que en ningún caso excederá de ocho años”. De esta manera se elimina el plazo para la creación de regiones (nuevo nivel de gobierno que se conforma por dos o más provincias). Lástima, que se tenga que retroceder en la creación de este nivel de gobierno al que la Constitución otorga competencias como el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Se justifica en la necesidad de mayor tiempo (indefinido) para la adecuada conformación de regiones.


De momento, queda fuera el tema de la plusvalía. Importante que se lo incluya para limitar la especulación de la tierra, y auspiciar la igualdad, elevando a rango constitucional la participación del Estado en la plusvalía del suelo, los mecanismos y rangos se deben perfeccionar en el COOTAD y la Ley de Ordenamiento Territorial (a nivel nacional) vía tasas y contribuciones de mejoras de los GAD municipales. También se debería considerar la plusvalía que genera la inversión del Estado central en una localidad; la cual se debe recuperar para distribuir a nivel nacional. Buenas prácticas, el lo local, existen; un ejemplo es lo actuado por el Municipio de Quito con la salida del viejo aeropuerto y la apertura del “Parque Bicentenario”. Queda afuera además el plazo vencido que tenía el Estado central para financiar y entregar a los GAD Municipales la cartografía geodésica del territorio nacional para la elaboración de catastros, tan importante para el ordenamiento territorial, control del uso del suelo y participación den la plusvalía.


Estas son las propuestas actuales, la Corte Constitucional debe definir el mecanismo a seguir. En cualquier caso es fundamental abrir el espacio de debate y participación ciudadana. El contexto siempre cambiará, pero es necesario tener un contrato social (Constitución) que de cuenta de un proyecto común de largo plazo.

Por: @andresmideros

 

Saliendo del círculo de comodidad, esta reflexión va desde el conocimiento general, la intuición y desde mi historia de vida. Si hubiese vivido otra vida, quizá pensaría diferente. Después del cacao y del banano, el petróleo ha sido el motor del “desarrollo” ecuatoriano. En la historia económica nacional cada uno tiene su propio “boom”. Ahora se planifica el “boom” industrial y el de la innovación. Hasta se escriben libros. Esperemos que tanto ruido se concrete.

 

La visión de unos plantea aumentar el valor agregado, generar industria. Por otro lado, se dice que se busca pasar de una economía de recursos limitados a una de recursos ilimitados (i.e. el conocimiento). Unos entran en la lógica del capital industrial y dicen que usaremos “el extractivismo para salir del extractivismo”. Es decir, quieren explotar los recursos naturales para generar ese “sueño” industrial. Otros prefieren fomentar la innovación y la “economía social del conocimiento” (i.e. el conocimiento como bien público). Por su parte, en este escenario, las voces que defienden los derechos de la naturaleza y las que ponen como prioridad la erradicación de la pobreza cada día hablan más bajo. Otras voces, sensatas (en mi opinión), han dicho que “cambiar la matriz productiva es un medio, no un fin”. Seamos coherentes: ¡el fin es el Buen Vivir! Para lograrlo hay que erradicar la pobreza y lograr equilibrio y armonía con la naturaleza. Así que esperemos que esas voces recuperen espacio en la escena.

 

Si cambiar la matriz productiva es un medio ¿cuáles son los fines?. Algunas ideas: i) lograr pleno empleo (en condiciones de trabajo digno), ii) generar recursos para la provisión de “bienes superiores” (aquellos que garantizan derecho: agua, salud y educación, entre otros, y iii) garantizar la producción, circulación y consumo de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Esto en un marco de respeto a los derechos de la naturaleza (que a la larga es el derecho a la vida de todos y todas), el logro de la inclusión y equidad social y el auspicio de la igualdad. En el camino es indispensable fomentar la inversión pública y privada, y generar nuevos pactos y alianzas público-privada-comunitarias, estableciendo con claridad el rol de cada economía (la pública, la privada y la popular y solidaria) y sin perder aquel principio de poner al ser humano sobre el capital. Cuidado, porque hay muchos riesgos.

 

Llegamos a las minas y el petróleo. Recursos que encontrándose en su estado “natural”, necesitan ser “extraídos” para poder ser utilizados. Hay varias preguntas que un ciudadano, experto o no en minas y petróleos, puede tener. ¿Qué recursos tenemos? ¿Cuánto? ¿Dónde están ubicados? Preguntas iniciales de diagnóstico que son fundamentales para entender el tema. Hay recursos que no amerita explotar y territorios donde no se lo debe hacer. En territorios ecológicos no se deben permitir minas, canteras ni pozos petroleros; ya sea por la fragilidad de los ecosistemas o por garantizar los derechos de pueblos y comunidades. En este punto es necesario consolidar pactos sociales, ambientales y fiscales, que se sostengan gracias a la construcción de poder popular.

 

Superadas estas preguntas, hay que saber que se quiere hacer con los recursos a “explotar”. Mal haríamos en extraer minerales para venderlos en el mercado internacional, peor hacer lingotes y salir a los mercados de especulación internacional. Esto sería matar a la “gallina de huevos de oro”, convirtiendo recursos naturales en liquidez de corto plazo. La explotación de recursos naturales (cuándo y dónde amerite) se debe realizar minimizando impactos (negativos) en el ambiente y pensando en largo plazo, es decir para satisfacer de manera sostenible las necesidades de la población. Se debe pensar en lograr insumos para fomentar la industria nacional (e.g. cobre para cables y tuberías); y pensar la industria nacional para la satisfacción de las necesidades nacionales. No se trata de extraer todo el oro (por decir un ejemplo) solo porque hay oro; no se trata de hacer industria para salir a vender y hacer ganancia (de capital).

 

Cambiar la matriz productiva tiene sentido únicamente si se la piensa para los seres humanos. El uso de recursos naturales debe hacerse pensando en el largo plazo: poniendo al ser humano (la gente) y a la naturaleza (la vida) sobre el capital. Es necesario construir planificación prospectiva para marcar el camino hacia el Ecuador del Buen Vivir. Es indispensable que la sociedad se involucre, para resolver las tensiones y contradicciones que existen.

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