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PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por: @andresmideros


El régimen del Buen Vivir, en la Constitución del Ecuador, establece el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Es deber del Estado garantizar la protección integral a todas las personas a lo largo del ciclo de vida. Hay quienes no gustan del término “protección”, son los mismos que suelen pensar que las personas somos “mal llevadas” por naturaleza; así se desconocen las desigualdades, la exclusión y la discriminación que (re)producen la pobreza. El Buen Vivir, como régimen, es una alternativa a los llamados regímenes de bienestar. La diferencia es que los últimos establecen la garantía de “mínimos” para su población; por su parte, desde el Buen Vivir se debe hablar de máximos, de derechos, de igualdad.


A nivel mundial se han ampliado los sistemas de protección social como un mecanismo exitoso para reducir la pobreza y la desigualdad, tanto en términos coyunturales (i.e. ingreso) como estructurales (i.e. inclusión, oportunidades y capacidades). La “protección social” es un mecanismo de prevención y promoción de riesgos económicos y sociales. La “protección social” incluye a la “seguridad social”. Las prestaciones no-contributivas (i.e. transferencias financiadas desde el Presupuesto General del Estado, PGE) rompen la exclusión tradicional de la “seguridad social” vinculada al “mercado de empleo”.


La OIT lanzó hace pocos años la iniciativa del “piso de protección social” haciendo un llamado a garantizar la protección social para todas las personas. En el Ecuador es necesaria mayor decisión para consolidar un piso de protección social, en coherencia con la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir. Se debe pensar un piso de protección social universal (para todos y todas) que brinde “prestaciones ciudadanas” (i.e. a las que se tiene derecho por ser ciudadano/a) frente a los siguientes riesgos: pobreza [extrema], vejez, discapacidad, enfermedad, desempleo y falta de vivienda y servicios básicos (i.e. agua y saneamiento). Se debe debatir, pero frente a estos riesgos va mi propuesta.


El piso de protección social debe cubrir a todas las personas, se financia de manera solidaria desde el PGE (a través del pago de impuestos). Se basa en la justicia social, no en el paternalismo; es redistributivo (para lograr igualdad de oportunidades y capacidades), garantiza la vida digna, y es pilar del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, por lo tanto del Régimen de Buen Vivir. Se fundamenta en el contrato social establecido en la Constitución, y plantea a la protección social como instrumento de inclusión y movilidad social, así como un medio para la erradicación de pobreza en el corto plazo.


Si bien el piso cubre a todas las personas, este genera prestaciones cuando alguien sufre uno de los riesgos señalados, y no está cubierto por la “seguridad social” contributiva. Así como la seguridad social contributiva otorga pensiones cuando uno se retira, o prestaciones de riesgos de trabajo cuando sucede un accidente; la protección social brinda prestaciones cuando un hogar se encuentra en situación de pobreza, por ejemplo. Para cubrir frente a pobreza monetaria (i.e. ingreso/consumo) se deben establecer transferencias (en dinero y/o especie) que garanticen un nivel mínimo de ingreso/consumo. En el caso de niños/as y adolescentes se deben brindar transferencias que permitan a los hogares cubrir costos de oportunidad (e.g. ingreso que se deja de recibir) y transporte que generan una barrera de acceso a la educación; y aquellas que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la primera infancia (i.e. 0-5 años). El BDH se debe transformar en un instrumento del piso de protección social.


En el caso de vejez y discapacidad se debe garantizar una pensión universal a todos y todas los adultos mayores, articulando pensiones contributivas y no-contributivas. Es necesario consolidar la red pública integral de salud, para brindar servicios de calidad en todo el territorio nacional, con políticas de salud preventiva, y unificar los servicios. No es posible tener un proveedor para afiliados a la seguridad social y otro para las demás personas. El desempleo y subempleo (de quienes no se encuentran a afiliados a la seguridad social) se debe cubrir mediante instrumentos de “empleo público” (dentro de políticas y programas de inclusión económica y acceso a la seguridad social contributiva). Esto es, empleo temporal acompañado de capacitación y formación profesional, dentro de proyectos de inversión del Estado. Así se fomenta el “pleno empleo” y la inclusión.


Este “piso” debe ser parte de una nueva política pública que articule la política social integral y la política económica y productiva. No hay cambio en la matriz productiva sin cambiar la matriz social, y viceversa. La política social debe lograr integralidad entre salud, educación, vivienda, desarrollo infantil e inclusión; y esta articularse con la política económica y productiva mediante la inclusión económica, el acceso a medios de producción, y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. En esa mirada, que debe ser amplia, el “piso de protección social” es el eje de la política pública de aseguramiento y movilidad social.

Por: @andresmideros


Las últimas semanas han estado llenas de códigos, “emergencias” y fútbol. En buena hora el mexicano Ochoa, el “gringo” Howard y el costarricense Navas, entre otros, dan ejemplo de cómo se evita que se hagan “goles”. En Quito se dice que el transporte público está en “emergencia”. Como usuario estoy de acuerdo con el término; pero verdades a medias suelen ser mentiras. La “declaratoria de emergencia” lo único que hace es permitir el uso de recursos públicos (contratación) sin llevar el proceso respectivo (que se debió iniciar al inicio de la gestión). Más cuando la ausencia de un plan integral de movilidad es evidente. Así que todos y todas con los “guantes” puestos, vaya a venir el “gol” de improviso.


En lo nacional, se aprobó la Ley de Aguas que establece la autoridad única desde el Estado, como debe ser dado que el agua es un derecho de todos y todas. Es necesario generar mecanismos para fortalecer la descentralización en la gestión de agua potable y de riego, y sobre todo garantizar la universalización de acceso a agua segura. Por su parte se debe fortalecer la participación comunitaria para vigilar la democratización del acceso al agua para producción. Pero sobre todo se debe garantizar el cuidado del agua y su calidad. Para esto es necesario un Plan Nacional de Recursos Hídricos.


Está en revisión, en el ejecutivo, el Código de Relaciones Laborales. En buena hora, así como al Ministerio del ramo, se le devolverá el nombre que debe tener: Trabajo. Se debe cuidar que el Código no retroceda en derechos de trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, no sería aceptable un código que no haga primar el principio de poner al “ser humano sobre el capital”. Se debe garantizar los beneficios, justos, de los y las trabajadores; y es hora de reconocer todas las formas de trabajo, empleo y ocupación.


Está pendiente, y va de la mano con el anterior, la ley reformatoria a la seguridad social. Parece que no tendremos un Código Integral de Protección Social, como deberíamos en base al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que establece la Constitución. Pero, bueno, dar algunos pasos adelante es importante. Es necesario universalizar la seguridad social por dos vías: obligatoriedad y articulación del aseguramiento no-contributivo. Las prestaciones, se deben dar desde una mirada de ciudadanía, y no de contribuyente. Garantizar la salud, la vejez digna y la erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad económica deben ser el centro de esta reforma. Nuevamente, es poner al “ser humano sobre el capital y el mal llamado `mercado´ de trabajo”.


Pero el que viene es el Código Monetario y Financiero. Norma fundamental para actualizar el marco regulatorio en base a la Constitución de 2008, y para regular la banca pública y privada. Es evidente que la mayor crítica desde los bancos sea la regulación. No quieren ser regulados, pero se debe ser enfático al señalar que un banco trabaja con dinero ajeno (el de los y las depositantes, a quienes se debe proteger), y que su función, de intermediación financiera, debe enfocarse en el desarrollo para todos, y no en el negocio de pocos. El informe para primer debate en la Asamblea establece entre las principales reformas del Código que: establece un solo órgano de regulación monetaria y financiera, recupera instrumentos de política económica para el Estado, reordena el sistema financiero nacional, mejora la capacidad de supervisión del Estado, regula el crédito, regula el mercado de valores y fortalece el régimen de seguros privados. Son 511 artículos, 15 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias y derogatorias y 36 disposiciones transitorias que se necesita leer con cuidado. Aquí dejo algunos artículos recomendados sobre el tema:


Por: @andresmideros


Si de enmienda o reforma a la Constitución se trata prefiero la segunda (la reforma), porque en ella todos votamos. Pero los dos mecanismos existen, y depende del tema (el fondo y la forma). En el primero (la enmienda), una opción es la aprobación en la Asamblea Nacional por las dos terceras partes de sus miembros (aquellos que elegimos en la urnas), con un año entre el primer y segundo debate. La otra alternativa es que el Presidente o la ciudadanía soliciten un referéndum. Este procedimiento aplica cuando no se altere la estructura fundamental de la Constitución, ni el carácter y elementos constitutivos del Estado, y no se restrinjan derechos ni garantías, ni se modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. En el segundo (la reforma) se requiere solicitud de referéndum del Presidente, la Asamblea Nacional o la ciudadanía. Las restricciones, en este caso, es no restringir derechos ni garantías, ni cambiar el procedimiento de reforma a la Constitución. Pero no queda a discreción, es la Corte Constitucional la que define el procedimiento que aplica para cada caso (si hay 17 propuestas de enmienda, hay 17 casos). Todo esto está en los artículos 441 al 443 de la Constitución por la que la gran mayoría votamos en 2008. Y claro, hay una tercera vía, el Asamblea Constituyente (Art. 444).


La Asamblea Nacional presentó a la Corte Constitucional un proyecto de enmiendas a la Constitución. Serán los magistrados los responsables de definir (y justificar) el procedimiento a seguir, en cada caso. Quienes presentan la propuesta la justifican diciendo que hay nuevas condiciones, y además que hay temas que se pueden perfeccionar. Es claro que el tiempo cambia las condiciones, y que todo es perfectible. Veamos las 17 enmiendas propuestas:


  • • (1) Incluir en el Art. 88 (sobre la acción de protección) la frase: “la Ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida”. En el argumento se hace referencia a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, donde se establecen los supuestos en los que no procede la acción de protección. La acción de protección busca garantizar derechos. Está bien que en la Ley se defina el procedimiento y los requisitos (como ya se lo hace); pero no estoy de acuerdo con que se establezca la posibilidad de “inadmitir” la acción de protección, mucho menos en rango constitucional. No queda clara la intencionalidad de la enmienda, pero abre la puerta a posibles retrocesos en materia de garantía de derechos.

  • • (2) En el Art. 104 (de la convocatoria a consulta popular), en el caso de convocatoria realizada desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) incluir la frase “que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno”. Me parece adecuado. Y en el caso de convocatoria desde la ciudadanía eliminar la frase “sobre cualquier asunto”. No estoy de acuerdo. ¿Quién definirá los temas sobre los cuales el “soberano” puede solicitar consulta popular?

  • • (3 y 4) En los Art. 114 y 144 (sobre la reelección de autoridades) suprimir las frases “por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo” y “por una sola vez”, respectivamente. De esta manera se plantea dar paso a la reelección indefinida. Si bien lo prioritario es la periodicidad de elecciones (dónde con el voto elegimos, reelegimos, o rechazamos), ya lo he dicho antes: una reelección puede ser poco, indefinida es demasiado. Una es poco por continuidad de políticas públicas y de procesos de transformación históricos (cuando en democracia así lo decida el “soberano”). Indefinida es demasiado por acumulación de poder y porque se limita la alternabilidad y la renovación, afectando la calidad de la democracia. Además, atenta contra principios de la organización en forma de República que establece el Art. 1. Por otro lado, faltaría modificar las reglas de elección. Si se discute el número de reelecciones hay que perfeccionar los mecanismos de elección de candidaturas (elecciones primarias), la representatividad territorial (distritos electorales), la igualdad de oportunidades y la obligación de debatir propuestas y programas de gobierno.

  • • (5) En el Art. 142 (sobre los requisitos para ser Presidente/a) sustituir las palabras “treinta y cinco” por “treinta”. Me parece adecuado porque amplía la participación política, y en la historia así como en otros países la edad se ha fijado de la misma manera.

  • • (6) En el Art. 158 (sobre las Fuerza Armadas) aumentar como misión complementaria de las fuerzas armadas “el apoyo en la seguridad integral del Estado de conformidad con la Ley”. Me parece adecuado, en el marco del derecho a una cultura de paz y de apoyo a la Policía Nacional en temas de seguridad interna.

  • • (7 y 8) En los Arts. 211 y 212 (sobre la Contraloría General del Estado) suprimir las frases “, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado” e “y gestiones”, respectivamente. De esta manera se pretende concentrar las atribuciones y esfuerzos de la Contraloría en el control del uso de los recursos del Estado.

  • • (9) En el Art. 214 (sobre la Defensoría del Pueblo) sustituir la frase “y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior” por “observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior”. Se pretende que la organización de la Defensoría del Pueblo se realice en base a la realidad y demanda ciudadana.

  • • (10 y 11) En los Arts. 229 y 326 (sobre el trabajo en el sector público) suprimir “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del trabajo” y “Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”, respectivamente. De esta manera se plantea igualdad en el sistema laboral del sector público; y se establece una disposición transitoria que garantiza los derechos de quienes se encontraban sujetos al Código del Trabajo.

  • • (12 y 13) En el Art. 261 (de las competencias exclusiva del Estado central) aumentar después de “las políticas de educación, salud, seguridad social vivienda” la frase “En consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes”; y en el numeral 7 del Art. 264 (de la competencias exclusiva de los gobiernos municipales sobre planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento) eliminar “de salud y educación” y añadir “Previa autorización del ente rector de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación”. De esta manera se clarifica la competencia de infraestructura de salud y educación en manos del Estado Central, quién es responsable de la política pública en esas materias. De esta manera se puede generar mayor equidad en la prestación de los servicios. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de que la infraestructura y equipamiento lo realicen los gobiernos municipales previa autorización del ente rector (Ministerio), definiendo los mecanismos de coordinación.

  • • (14) En el Art. 370 (sobre la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) aumentar “El Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Estoy de acuerdo. Se debería incluir a los demás ciudadanos y ciudadanas en el marco del derecho a la seguridad social y a la vida digna.

  • • (15) En el Art. 372 (sobre fondos previsionales) cambiar la palabra “provisional” por “previsional”. Un error de término que se debe corregir.

  • • (16) En el Art. 384 (sobre la comunicación social) incluir “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”. La comunicación es un derecho, es un servicio de alto intereses social, y debe ser garantizado y regulado por el Estado. Sin embargo, más que un “servicio público” es un “servicio de orden público”, justamente porque el servicio se puede y debe prestar por medios públicos, privados y comunitarios, sin necesidad de una concesión pero en estricto cumplimiento de la Ley y bajo regulación estatal.

  • • (17) En la disposición transitoria primera, numeral 9 (sobre el plazo para la conformación de regiones) suprimir la frase “que en ningún caso excederá de ocho años”. De esta manera se elimina el plazo para la creación de regiones (nuevo nivel de gobierno que se conforma por dos o más provincias). Lástima, que se tenga que retroceder en la creación de este nivel de gobierno al que la Constitución otorga competencias como el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Se justifica en la necesidad de mayor tiempo (indefinido) para la adecuada conformación de regiones.


De momento, queda fuera el tema de la plusvalía. Importante que se lo incluya para limitar la especulación de la tierra, y auspiciar la igualdad, elevando a rango constitucional la participación del Estado en la plusvalía del suelo, los mecanismos y rangos se deben perfeccionar en el COOTAD y la Ley de Ordenamiento Territorial (a nivel nacional) vía tasas y contribuciones de mejoras de los GAD municipales. También se debería considerar la plusvalía que genera la inversión del Estado central en una localidad; la cual se debe recuperar para distribuir a nivel nacional. Buenas prácticas, el lo local, existen; un ejemplo es lo actuado por el Municipio de Quito con la salida del viejo aeropuerto y la apertura del “Parque Bicentenario”. Queda afuera además el plazo vencido que tenía el Estado central para financiar y entregar a los GAD Municipales la cartografía geodésica del territorio nacional para la elaboración de catastros, tan importante para el ordenamiento territorial, control del uso del suelo y participación den la plusvalía.


Estas son las propuestas actuales, la Corte Constitucional debe definir el mecanismo a seguir. En cualquier caso es fundamental abrir el espacio de debate y participación ciudadana. El contexto siempre cambiará, pero es necesario tener un contrato social (Constitución) que de cuenta de un proyecto común de largo plazo.

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