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Pais posible

PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por @andresmideros


Las últimas semanas han sido complejas.


Los motivos para [no] explotar el ITT ocupan gran parte del debate público. El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió no dar paso al pedido de consulta popular solicitado por el colectivo Yasunidos, debido a que no contaba con el número de firmas necesarias. Como era de esperar, Yasunidos impugnó. El CNE debe pronunciarse hasta el 14 de junio. El CNE ha indicado que varias de las firmas presentadas no cumplían con las formas necesarias, que existían firmas duplicadas (hasta nueve veces) y que se usaron nombres falsos. Por otro lado, Yasunidos ha levantado dudas sobre el proceso de verificación de firmas. Pequeño favor se hace a la democracia cuando la idea de convocar a consulta popular, desde la ciudadanía, parece misión imposible. Y gran daño se hace al marco institucional si se pone en duda la confianza en el “poder electoral”. Al final, entre acusaciones de lado y lado, la ciudadanía tiene dudas. Que importante sería que se transparente todo el proceso. Se debería hacer pública toda la información.


“Tres meses de prisión y 190 dólares de multa” es la sentencia que dio la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a Raúl Carrión, exministro de deporte, por peculado. Dicen que la condena se reduce por buena conducta. El Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define peculado cuando “las y los servidores públicos […] en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros púbicos o privados, […]”. La pena vigente para el proceso es de cuatro a ocho años, la nueva pena es de diez a trece años, la sentencia es de tres meses. Importante que la sentencia y su motivación se haga pública. Se está haciendo jurisprudencia, y con esas penas y multas poco favor se hace a la “justicia”.


En lo local, el alcalde de Quito inició su gestión mostrando que desconoce la norma que rige sus funciones y las del Concejo Metropolitano, sin definir cargos fundamentales en Empresas Públicas y Administraciones Zonales, y censurando a medios de comunicación. Sobre lo último ha pedido disculpas (en uno de los casos) y ha indicado que fue un “error administrativo”. Ecuador-Inmediato rechazó esa justificación, ya que no genera confianza para el futuro. Mal inicio con ese tipo de “errores”. Ahora, la nueva administración, se enreda para cumplir las ofertas de exoneración de “pico y placa”, será para motos: ¿de paseo y trabajo?, y ¿no a otros vehículos que se usan con fines productivos? ¿Cómo se mejorará el tráfico?. Por último, el alcalde generó polémica sobre el himno a Quito. En este punto, el debate ha sido intenso. Es importante señalar que con motivo del bicentenario, de la independencia, se decidió cantar la cuarta estrofa (que resalta el rol independentista de la ciudad: “… oh muy noble ciudad, fuiste Tú, … de toda la América luz”), en lugar de la segunda (que habla del papel colonial: “Oh, ciudad española en el Ande… [eres grande] porque España te amó”, y que es de gusto del alcalde Rodas). Importante señalar que la ordenanza (norma) municipal establece cantar la cuarta estrofa. Los símbolos son importantes porque crean identidad y ayudan a la construcción social; pero en estos tiempos no es obligación cantar, que cante el que quiere, que lo haga como quiera, incluso si quieren digan “mande” (así es más fácil “gobernar”), pero que la autoridad se digne en cumplir la norma. Mal haríamos si dejamos de cumplir con las ordenanzas que no nos gustan. Cuidado con el caos y el populismo, cuidado además con lecturas y comentarios ligeros de quienes (incluyendo medios privados) antes maximizaban problemas y ahora tratan de minimizar errores y retroceder en lo simbólico, como grandes “conquistadores” que quieren construir un fortín conservador en la ciudad.


Los estudiantes están en pie de lucha. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se realizó un plantón por el incremento en matriculas y aranceles. La SENESCYT trabaja, “rauda y veloz”, en un propuesta para regula el incremento de costos de las universidades privadas. El objetivo es precautelar el acceso y la permanencia en la educación superior. La educación superior no debe manejarse como negocio privado, ni como espacios de construcción de “clases”. Es tiempo de apresurar el paso a universidades enfocadas en la investigación.

Por su parte, la Asamblea Nacional debate el Código Orgánico de Relaciones Laborales, se viene la Ley de Aguas, la Ley de Ordenamiento Territorial y muchos esperamos la Ley de Seguridad Social. El IESS está centrado en mejorar su eficiencia. Bien. Pero alguien debe pensar un sistema integral de protección y seguridad social.


Para cerrar, el Presidente ha señalado que apoyará la reforma a la Constitución para la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular.


Ya viene el mundial: ¡todos somos la selección! Ojala entendamos que todos vivimos en el mismo lugar. Es necesario mejorar canales y calidad de diálogo. Hay mucho por hacer, y se necesita construir consensos para el futuro. Hay que apostar por la cohesión social y el poder popular.

Por: @andresmideros

 

En Ecuador se discute el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo. Sin dar detalles se escuchó: si la Ley se aprueba “no la vamos a obedecer: ¡punto!”. Cuanta arrogancia de quienes creen que el territorio se gestiona como hacienda. Otro, desde la generalidad y la improvisación, para no quedarse atrás, dijo: “es desatinado, antitécnico e inconstitucional”. Desatinado quizá (para algunos/as) porque puede afectar a quienes especulan con la tierra, el mercado inmobiliario, y se apropian de la renta urbana. Otra preocupación viene por el lado de la “autonomía” de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en particular de los municipales y metropolitanos. En cualquier caso es importante señalar que: i) ordenar el territorio es necesario y es parte del Programa Gobierno presentado en 2013, y ii) esta es una primera propuesta, se requiere más debate y construcción y menos arrogancia e improvisación.

 

En esta reflexión planteo algunos comentarios iniciales que no son, ni pretenden ser, exhaustivos. Entiéndase como una invitación al debate.

 

¿Qué es el ordenamiento territorial?

 

Es un instrumento de planificación que permite definir, ordenar y regular el uso que se da a las diferentes zonas en que se divide el “territorio”. Es decir ubicar en el espacio los diversos usos del suelo: protección de recursos naturales, vivienda, educación, producción, recreación, infraestructura, movilidad, tratamiento y desecho de residuos, etc. Es definir el “dónde” (actual y futuro) de cada actividad, para tener un territorio ordenado y sostenible. Permite la gestión de riesgos y la protección ambiental. Además, establece las formas de propiedad, regulación y control del suelo y sus usos (ver, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí).

 

En el Ecuador los planes de ordenamiento territorial (POT) son instrumentos de planificación, cuyo objetivo es armonizar la planificación del desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales. Corresponde a los GAD Regionales y Provinciales definir el modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y conectividad, a los GAD Municipales el uso y ocupación del suelo indicando la localización de todas las actividades y las disposiciones normativas respectivas (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, Art. 43 y 44). “Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados” (COPFP, Art. 44, literal c). La coordinación y armonización de la planificación territorial entre niveles de gobiernos se definirá por Ley (COPFP, Art. 45).

 

A partir de 2007, en Ecuador, se ha recuperado la planificación. Sin embargo, es necesario fortalecer la planificación y gestión territorial participativa.

 

¿Es necesaria una Ley nacional sobre ordenamiento territorial y gestión del suelo?

 

El ordenamiento territorial es parte de la planificación por concepto, y por Ley (COPFP, Art. 9). Es una competencia de todos los niveles de gobierno (Constitución, Arts.241, 261 a 264, 266, 267). Además, es objetivo del régimen de desarrollo, y responsabilidad de todo el Estado, promover un ordenamiento territorial integral, equilibrado y equitativo, que coadyuve a la unidad del Estado (Art. 276, numeral 6), para lo cual el Estado central y los GAD aplicarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial (Art. 415). Cada nivel de gobierno debe elaborar su POT de manera articulada a los demás niveles. Por su parte, la regulación y control del uso del suelo es competencia de los GAD Metropolitanos y Municipales (Art. 264), y así debe ser. Pero el suelo, también, se relaciona con derechos como el hábitat y la vivienda, el ambiente sano y la alimentación, y recurso natural que forma parte del régimen del Buen Vivir (Art. 409).

 

Los “territorios” (parroquias, ciudades, provincias) no son islas. Además, el “territorio”, así como la “identidad”, no se define por divisiones político administrativas (DPA). Basta con visitar el límite (o “frontera”) de cualquier DPA para darse cuenta que nada o poco cambia al cruzar la “línea”. La identidad cultural y territorial de pueblos se define más por relaciones histórico-culturales que por una DPA. El territorio, sus recursos y el flujo de servicios ambientales tampoco se establecen dentro de esos “límites”. Tierras agrícolas en valles requieren de fuentes de agua en páramos, por ejemplo. Las áreas de protección ambiental, las cuencas hidrográficas, las zonas de riesgo, los páramos, no se definen en base a una jurisdicción determinada. Entonces, no se puede “ordenar el territorio” sin reconocer su interdependencia con lo demás.

 

Por su parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir, de obligatorio cumplimiento para todo el sector público (Art. 280) establece como políticas nacionales: “democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial” (política 2.4), “garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos” (política 2.11), “promover la formación de una estructura nacional policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial” (política 2.12), “propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente” (política 3.8), “garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna” (política 3.9). Además se establece la Estrategia Territorial Nacional (págs. 353-410) con lineamientos de ordenamiento territorial del país, y nueve agendas zonales (una por zona de planificación).

 

Entonces, siendo el territorio nacional uno sólo, y el suelo parte de este, una Ley nacional es fundamental para homologar instrumentos técnicos, procedimientos y estándares nacionales, pero sobre todo para fomentar la planificación y gestión integral, coherente y equitativa del territorio nacional y del suelo, mediante la articulación y coordinación de las competencias de cada nivel de gobierno. Es necesario que la Ley fortalezca la autonomía de los GAD garantizada en la Constitución, y guarde estricta coherencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el COPFP y los instrumentos de planificación existentes (que siempre se pueden perfeccionar).

 

¿Qué se plantea en la propuesta de Ley?

 

El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo que está disponible, es una primera propuesta presentada por el asambleísta Richard Calderón. Se ha dicho que el ejecutivo enviará, también, un proyecto de Ley. Es responsabilidad de la Comisión y de toda la Asamblea debatir, recoger aportes y legislar. En este sentido, aquí dejo algunos comentarios a este primer documento:

 

  1. Se plantea el “gobierno” del territorio, mejor sería pensar la “gobernanza” (multi-nivel) a fin de reconocer la multiplicidad de actores y dinámicas. Se podría pensar incluso, de manera especial, en zonas de integración fronteriza (donde hay actores internacionales).
  2. En cuanto al contenido de los planes, es importante homologar con la legislación e instrumentos técnicos existentes. En el procedimiento, se debe fortalecer la articulación en base a zonas de planificación (agendas zonales) y de esa manera consolidar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
  3. En necesario establecer los mecanismos de participación ciudadana, en todo el ciclo de preparación de los POT, en función de la Constitución y el COPFP. Es en este punto donde se debe profundizar la construcción de poder popular.
  4. Los proyectos estratégicos del gobierno central deben estar indicados en la Estrategia Territorial Nacional (ETN), y por ende en las agendas zonales. En este sentido, mediante la articulación de POT en zonas de planificación, se lograría una mejor integración de planes, programas y proyectos de todos los niveles de gobierno.
  5. La vigencia de los planes debe ser coherente con lo establecido en el COPFP, con actualización al inicio de cada gestión. Además, en tiempo y visión de largo de plazo deben ser consistentes con el Plan Nacional para el Buen Vivir y la ETN, a través de las agendas zonales.
  6. Los planes de desarrollo urbanístico podrían ser parte indispensable de los POT, en lugar de un instrumento adicional.
  7. Es necesario establecer con claridad los criterios de definición de suelo urbano, y definir el límite de la frontera urbana en los POT fomentando la generación de ciudades sostenibles, la cohesión territorial, la complementariedad urbano-rural y una red policéntrica de asentamientos humanos. El “suelo de expansión urbana” debería ser aquel que se ubica entre el límite y la frontera actual.
  8. En las categorías de tipo de suelo se debería incluir zonas de riesgo que no permiten ningún uso.
  9. En los POT se debe identificar y planificar la consolidación de centralidades, garantizando el acceso a servicios y establecer mecanismos que permitan generar nuevas dinámicas de movilidad sostenible.
  10. Se debe establecer estándares mínimos que garanticen la construcción de ciclo vías urbanas seguras.
  11. Es necesario establecer instrumentos que permitan y garanticen la redistribución de la renta urbana y el plus valor que se genere por inversiones públicas o privadas.
  12. Es necesario generar cartografía a nivel nacional, desde el Sistema Nacional de Información (SIN) y consolidar el catastro nacional, que deberá ser actualizado por cada GAD Metropolitano o Municipal y vinculado con los respectivos registros de la propiedad y base de contribuyentes de predios y contribuciones especiales de mejoras.
  13. Se debe consolidar desde el Consejo Nacional de Competencias (CNC) y los gremios de los GAD procesos de fortalecimiento de capacidades en materia de ordenamiento territorial y gestión del uso del suelo, y establecer modelos de gestión para la regulación y control del uso del suelo desde los GAD, fijando plazo para su implementación.
  14. Regulación y control a nivel nacional se puede establecer desde el Consejo Nacional de Planificación (CNP) y el CNC en base a la normativa existente, creando quizá un consejo consultivo especializado en la materia de esta Ley; y garantizando (y fortaleciendo) la autonomía de los GAD.

El partido

27 Abr,2014

Por: @andresmideros


Pronto serán ocho años desde que el Movimiento Alianza PAiS (AP) ganó las elecciones presidenciales. No obtuvo ninguna curul en el Congreso Nacional, de ese entonces, porque no presentó candidatos/as. La propuesta fue una Asamblea Constituyente. Así se daba respuesta a la consigna de “fuera todos”. AP nació como movimiento porque aglutinaba a sectores, en su mayoría progresistas de izquierda, que por primera vez lograron unirse con un objetivo: ganar las elecciones. La propuesta que se presentó daba respuesta a demandas de la lucha popular. Se convirtió en esperanza, se tuvo un gran candidato, y se ganó.


A partir de 2007 se han realizado cambios sin precedentes, con logros como: mayor inclusión, menor pobreza, estabilidad económica, menor desempleo, mejores ingresos, mayor cobertura de la seguridad social, más y mejores servicios y programas sociales, mejores carreteras e infraestructura productiva, mayor soberanía, un Estado menos colonial y más democrático, entre otros. En el camino AP logró nueve triunfos electorales, enseguida vino el décimo. Pero este último triunfo dejó muchos mensajes, reveló incoherencias y dio paso a la crítica interna. El apoyo al proyecto nacional sigue fuerte, pero las inconformidades con la forma de llevar la política y las políticas (política pública) pasaron factura en lo local. No se puede descuidar las particularidades de cada localidad, y menos invisibilizarlas por el proyecto nacional. Son realidades complementarias, pero distintas por naturaleza. Una cosa es la política nacional, y otra la vida diaria. Por otro lado, el tratamiento de decisiones nacionales tiene efectos diversos en lo local. El Yasuní, la despenalización del aborto en caso de violación, el matrimonio igualitario, el ataque a caricaturistas y cantantes populares, la forma y fondo de la relación con otras funciones del Estado, la posibilidad de levantar “el dedo del medio” y “sacar la lengua” revelan la heterogeneidad de nuestra sociedad, y al final pasaron factura en las elecciones locales. Además, el tiempo desgasta la relación entre mandatario y mandante.


En este tiempo, las derechas han aprendido que sólo unidos pueden lograr algún espacio. Saben además, que las incoherencias de las izquierdas les permite tener aliados "internos". Si bien siguen sufriendo de acefalia, las derechas comparten un objetivo: "el capital". Cuando ganan cuadran cuentas. Por su parte las izquierdas han venido en constante separación, por una cosa o por otra. Así llegará AP a su Convención Nacional este 1 de Mayo en Esmeraldas.

Es necesario reconocer que AP tiene diversas tendencias internas, esto demanda mejorar el flujo de la política a lo interno y a lo externo. Los mensajes que dejan los resultados de febrero ponen la agenda para la Convención Nacional de AP. Aquí dejo cinco ideas:

  1. Se necesita un partido. La figura de movimiento valió porque se nació con triunfo electoral pero sin organización. Fue adecuada para aglutinar diversos sectores, pero después de ocho años más son quienes se han ido que los que han entrado. Es claro que aún siendo la mayor fuerza política del país, no es la única; por eso tiene sentido hablar de alianzas y un frente amplio de izquierdas. Entonces, hay que construir una organización que permita el flujo de la política desde sus bases y en toda su militancia. Se debe enfatizar en lo ideológico al socialismo del Buen Vivir. No puede quedar duda, ni adentro ni afuera. Se necesita una estructura orgánica clara para la militancia, para la formación política, para la relación con la sociedad y con otros actores políticos. No puede haber buró político fuera de la estructura del partido.
  2. El “marketing” no hace revolución. Hay que fortalecer la construcción programática de AP, la democracia interna y la relación con las bases. Se debe consolidar y priorizar el rol de la organización comunitaria, barrial y popular. Se debe reestructurar los Comités de la Revolución Ciudadana como espacios de militancia, formación, debate y acción política. No pueden ser simples sujetos de movilización sin reflexión y menos entes de papel (sin personas, que se usan para medir “quien tiene más”). Los/as miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de las comisiones y de las direcciones provinciales deben ser electos/as democráticamente. Se debe fortalecer la presencia y vocería de “cuadros” que mantienen la dinámica de construcción ideológica y programática, y dar paso a nuevos liderazgos.
  3. La revolución se consolida con “poder popular”. La revolución no la hace una persona, se debe fortalecer la formación ciudadana, los mecanismos de participación y la democracia en todas sus formas (no solo para elección de representantes). Los avances en política pública, en reforma del Estado, en inclusión, en erradicación de la pobreza serán irreversibles cuando el pueblo los defienda. Se necesitan alianzas. La principal es entre el partido y la organización popular. Después vienen las alianzas programáticas con otros actores políticos. Cuidado se avanza perdiendo el rumbo.
  4. La revolución se sostiene en lo local. La acción política se concreta en cada territorio, en la vida diaria. No se puede tener un proyecto nacional sin correlato y fuerza política local. La estructura de AP debe garantizar el flujo de la política y la definición de políticas públicas de manera articulada desde cada territorio, acogiendo de esa manera intereses y visiones diversas. Por esto se deben fortalecer liderazgos locales, que acojan las demandas de la población, y que no queden a la sombra del proyecto nacional. Decisiones nacionales requieren ser procesadas de acuerdo a la realidad social de cada territorio.
  5. Los honestos deben ser más: no hay lealtad sin honradez. Cuidado con quienes entienden que ser técnico-político quiere decir ser lambón y acomodadizo/a. Se necesita cuadros técnicos que entiendan que la política pública es un instrumento para cambiar estructuras de poder, que sepan que la forma es tan importante como el fondo. La política se concreta en la política pública. Cuidado, además, con quienes se desesperan por un cargo o una candidatura. Aquellos/as que por no ser candidatos se convierten en oposición. Se necesita mayor y mejor formación política, generar militancia comprometida con un proyecto y no seres en busca de poder. Es indispensable dar paso a nuevos cuadros, que garanticen la continuidad y evolución del proyecto.


Mantengamos la alegría y la esperanza, es lo que nadie nos podrá robar. Lo demás se construye, se lucha por ello.

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