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Pais posible

PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por: @andresmideros


No hay duda que la mayor conquista de la “Revolución Ciudadana” es la “Constitución de Montecristi”. En ella se plasmaron las principales demandas de la lucha popular de varios años. Con ella se volvía a fundar la patria, una patria para todos y todas, con una idea de sociedad con igualdad y solidaridad. Con una Constitución aprobada en referéndum. La implementación de la Constitución tiene avances muy importantes, varias cosas que mejorar, y muchos pendientes. Consolidar la “revolución ciudadana”, solo se logrará cuando se cumpla con el primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV): “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”.

 

La Constitución marca el “sur”, el PNBV es el instrumento para no quedarnos parados. El grito ya no debe ser “no nos mueven y no nos moverán”, ahora el grito es de movilización para construir el “Buen Vivir”. Esa idea que invita a soñar, la utopía que marca el camino. El PNBV da el cómo, el cuándo, el dónde, y el con qué. Es un ejercicio complejo, holístico por definición, de aplicación de múltiples herramientas, y de sistematización de infinidad de deseos y diversidad de cosmovisiones. En 2013 se presentó el tercer plan de desarrollo que se elabora en el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Ahora se tiene dos grandes estrategias nacionales: erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva.


Hace pocos días la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) rindió cuentas a la ciudadanía. La planificación en el Ecuador, ha logrado importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ecuador es un referente en la región y el mundo. La planificación es un trabajo silencioso, pero está detrás de cada acción. Cada escuela, hospital, carretera, incentivo productivo, beca, proyecto de Ley, son parte del ciclo de la política píblica, son decisiones para solucionar problemas que se identificaron con anterioridad, y cuyos logros serán evaluados. La estructura del Estado, también es resultado de la planificación.


La Constitución, en los artículos 279 y 280, establece la planificación participativa para el desarrollo. Por su parte el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) estructura el Sistema Nacional de Planificación Participativa, que incluye a la planificación nacional y la de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y considera como ejes la participación ciudadana y el enfoque de igualdad. Entre los instrumentos del sistema, se definen al plan nacional de desarrollo y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT) de los GAD.


En siete años se ha recuperado la planificación, se ha reformado la estructura del Estado, se está llevando al Estado a cada rincón del territorio nacional, se ha consolidado la visión de largo plazo y la integralidad de la política pública a nivel nacional, se han desarrollando importantes instrumentos y metodologías de planificación, se cuenta con una estrategia territorial nacional (ETN) y con un sistema nacional de información (SNI).


Pero siempre faltan cosas por hacer. La planificación nos permite ver los pendientes, sin olvidar lo logrado. Ahora el país sabe donde estaba, en donde está, y a donde va. Los retos vienen en la necesidad de llevar la planificación a cada territorio. Se necesita consolidar la planificación en cada nivel de gobierno (Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales). El ordenamiento territorial es una tarea pendiente como país. La mayor parte de PDyOT no cumple con parámetros mínimos de planificación, y no se los utiliza como instrumento de gestión y evaluación. La participación ciudadana ha mejorado, pero aún falta mucho para que la planificación se construya con cada ciudadano/a; muchos espacios terminan en simple instrumento de legitimización. Con nuevas autoridades locales electas, es un buen momento para ejercer los derechos de participación, y exigir la planificación en cada provincia, cada ciudad, cada parroquia. El poder popular y la democracia, no termina con el voto en las urnas, ahí recién empieza. ¿Usted conoce el PDyOT del lugar en donde vive?

Por: @andresmideros


En el Ecuador se aprobó mediante referéndum, con el 64% de votos a favor, la Constitución que rige desde el año 2008. De esta manera se logró establecer la aspiración de un nuevo marco institucional y la recuperación del pacto social. Pronto serán cinco años desde su aprobación, muchos han sido los avances, pero también existen pendientes. En esta reflexión se plantean algunos de los retos que establece la Constitución en materia de protección social, y que demandan una reforma integral al [Sub]sistema de Seguridad Social.


En términos generales se entiende por protección social al conjunto de intervenciones públicas y privadas que buscan prevenir, reducir y eliminar vulnerabilidades sociales y económicas. La protección social incluye a la seguridad social, la política laboral, transferencias (monetarias y en especie) y servicios de salud. No hay una definición, ni un diseño, universal de protección social. Quienes estén interesados, en las definiciones, pueden revisar los siguientes marcos de referencia: OIT, Piso de Protección Social, CEPAL, UNICEF y Banco Mundial. En cuanto a los diseños, se tienen que van desde Bismarck hasta Beveridge, pero también el modelo soviético, y el nacimiento de “modelos mixtos” en América Latina y otras regiones, que integran sistemas contributivos (financiados por aportes) y no-contributivos (financiados en su totalidad por recursos fiscales generales). No hay receta única, pero la protección social tiene, por lo menos, cuatro ingredientes indispensables: pacto social, pacto fiscal, pacto institucional y voluntad política.


La protección social es un derecho humano, es un medio para generar capacidades e igualar oportunidades, genera retornos económicos, y se puede pensar como un instrumento para mejorar la productividad laboral. La protección social, es parte de la formación de regímenes de bienestar. En este sentido, la protección social es un fin (por ser derecho, y fomentar la vida digna), pero también un medio, de inclusión, para la generación de capacidades y oportunidades. En el Ecuador, con el Buen Vivir como horizonte (ver páginas 22 a 27 del Plan Nacional para el Buen Vivir), la Constitución establece dentro del “Régimen del Buen Vivir” al modelo de desarrollo, al sistema nacional de inclusión y equidad social, a la biodiversidad y a los recursos naturales. La “seguridad social”, es un subsistema del sistema nacional de inclusión y equidad social (Artículo 340 de la Constitución), y un instrumento para garantizar la protección integral a lo largo del ciclo de vida (Art. 341).


El artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado el de “garantizar sin discriminación alguna la seguridad social”, ya que “es parte del derecho a la vida digna” (Art. 66). En este sentido es competencia exclusiva del Estado central (Art. 261), “es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población, a través del seguro general obligatorio y de sus regímenes especiales” (Art. 367). El Art. 34 indica que “la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas. Incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado, actividades de auto sustento, trabajo autónomo y a quienes se encuentran en desempleo”. Esta se amplia, en el Art. 49, a “personas y familias que cuidan a personas con discapacidad de manera permanente”, y en el Art. 369 “a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral”. “La seguridad social es parte del derecho a la vida digna” (Art. 66) y su ejercicio se vincula al derecho a la salud (Art. 32). Por su parte el Art. 362 establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención”.


El artículo 369, señala que “el seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la Ley”. En lo institucional, el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es la entidad responsable de la prestación de contingencias a sus afiliados (Art. 370), pero se indica que “las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud” (Art. 369). Por su parte, “la policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social” (Art. 370), y se establece al seguro social campesino (dentro del IESS) como régimen especial para la población rural y aquellas dedicadas a la pesca artesanal (Art. 373).


El financiamiento de las prestaciones de la seguridad social se establece en el Art. 371, indicando que este vendrá del aporte de las personas aseguradas (personal y patronal en el caso de trabajadores/as en relación de dependencia, personal en el caso de trabajadores/as independientes, y voluntario en el caso de personas domiciliadas en el exterior) y contribuciones del Estado. Por su parte, “las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado” (Art. 369), y “los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del seguro social campesino” (Art. 373).


Desde la aprobación de la Constitución, se ha incrementado significativamente la cobertura de la seguridad social. Además se han aplicado resoluciones que han permitido incluir a trabajadores/as domésticos/as, desde 2010, a cónyuges o convivientes e hijos/as menores a 18 años; en salud se han quitado reestricciones que antes excluian a personas con algún tipo de enfermedad "pre-existente", se ha mejorado el sistema de citas, se ha ampliado la cobertura de servicios de salud, se cuenta con sistema de referencia y contrarefrencia con la red pública integral y la red complementaria (privada); y se aprobó en referéndum (48% de votos a favor, y 39% en contra) la penalización de la no afiliación a la seguridad social de trabajadores/as en relación de dependencia. Ahora, en 2014, se establece como obligatoria la afiliación de trabajadores/as independientes. Son reformas muy importantes. No hay duda que la seguridad social ha cambiado de época. Pero aún hay temas pendientes. No está clara la sostenibilidad fiscal, se desconocen las contribuciones y las prestaciones, se tiene inconformidad con algunos servicios, y la población confunde cotización con impuesto. No se han consolidado espacios de dialogo sobre el tema. No es clara la institucionalidad: entre prestadores de servicios, administradores de regímenes, hacedores de políticas, y entidades rectoras. Se necesita una reforma integral al [sub]sistema de seguridad social, y a su Ley.


Los principios constitucionales para la seguridad social son los de igualdad, equidad, interculturalidad, solidaridad, no discriminación, suficiencia, integración, subsidiaridad, universalidad, obligatoriedad y progresividad  (Arts. 340 y 367). Implementarlos es el reto. Es urgente lograr la integralidad de los servicios de salud. Si pensamos en la universalidad y la igualdad, no se pueden mantener servicios diferenciados desde el Ministerio de Salud y el IESS. Se requieren procedimientos que garanticen, faciliten e incentiven la afiliación de todas las personas, de forma independiente a su forma de trabajo; todo un reto para una economía con tasas de subempleo e informalidad elevadas. Es indispensable fomentar la cultura tributaria y de contribución, otro reto en una sociedad que ha mostrado resistencia a impuestos, multas y contribuciones, aún en niveles relativamente bajos como los que se tiene en el Ecuador. Es curioso, que muchas personas prefieran pagar "seguros" de salud privados con limite de pre-existencia, montos máximos, deducibles y otros, dan la rentabilidad a empresa y no dan salud a la población; es curioso que algunas personas prefieran fondos de pensiones privados (incluso en el exterior) que se manejan con riesgo y promueven la individualidad. Yo no lo entiendo; pero es claro que fortalecer la seguridad social afecta intereses económicos muy fuertes que estarán listos para dar la batalla. Muchos ya están en "campaña" sembrando confusión entre aportación e impuesto.


Por su parte, sin obligatoriedad no se logra universalidad, ni solidaridad, ni igualdad. La universalidad demanda que se integren regímenes no-contributivos enfocados en la erradicación de la pobreza, así como en la generación de capacidades y la igualdad de oportunidades. Hay que pensar la protección social como un medio de inclusión, que fomente y sostenga la movilidad social. La sostenibilidad fiscal no se debe dejar en el aire. Hay que pensar una institucionalidad que responda al sistema que manda la Constitución. Es un sistema que demanda debate social y una reforma integral pensada a largo plazo.


El país tiene dos grandes objetivos: erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva. Trabajo y protección social son el principal punto de encuentro. La prioridad es evidente. Lograr pactos social, fiscal e institucional es urgente. ¿Hay la voluntad política?

A continuación se presentan los artículos publicados en el Blog Reflexiones, relacionados a las elecciones de autoridades locales en Ecuador:

   
 Fecha  Artículo
2 de marzo de 2014  ¿Qué viene después de las elecciones? 
19 de febrero de 2014 Quito: Elecciones 2014 al cierre de la campaña 
26 de enero de 2014  Quito: Elecciones 2014 en contexto 
26 de enero de 2014 Quito: Propuesta de Augusto Barrera 2014-2019 (Parte IV)
21 de enero de 2014 Quito: Entre 2009 y 2014 (Parte III) 
17 de enero de 2014 Quito: ¿Propuesta? de Mauricio Rodas 2014-2019 (Parte II)
14 de enero de 2014 Quito: Propuestas 2014-2019 (Parte I)
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