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Pais posible

PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por: @andresmideros


En Ecuador, el presidente señaló que se analiza la creación de un impuesto al consumo de cigarrillo, alcohol y “comida chatarra”. No se han dado detalles de cómo funcionaria, únicamente se ha indicado que responde a una lógica de salud preventiva. Recordemos que los impuestos se crean por Ley. Se pretende desincentivar consumos perjudiciales para la salud. En el Perú, a inicios de año, se publicó un artículo en el que se difundía la propuesta de Jürgen Schuldt de crear tres impuestos para regular el comportamiento del consumidor, incluyendo el impuesto a la comida chatarra. La idea tiene sentido.


El impuesto a cigarrillos, bebidas alcohólicas y “comida Chatarra” se piensa como un instrumento de salud pública para lograr dos objetivos. Primero, desde la salud preventiva, modificar el comportamiento de consumo desincentivando la adquisición de cigarrillos, alcohol y “comida chatarra”. De esta manera se plantea evitar problemas de salud en el futuro, sin prohibir o restringir la “libertad” de fumar, beber alcohol y comer lo que uno quiera. Segundo, es una forma justa de fomentar la sostenibilidad (financiamiento) del sistema nacional de salud pública (que se financia desde el Presupuesto General del Estado). Es necesario recordar que la salud pública en el Ecuador es universal y gratuita, es decir, a nadie se le negará atención por haber llevado una dieta poco saludable, fumar y/o beber alcohol. El financiamiento es solidario, como debe ser, pero no está bien que subsidiemos los malos hábitos de consumo. Es decir, cuando compre una “cola” o un paquete de cigarrillos sepa que este impuesto sirve para financiar el tratamiento de las enfermedades que ese tipo de consumo pueden causarle. Me parece justo.


No pasó un minuto desde el comentario del Presidente, para que críticos/as de la “propuesta” empiecen a hablar en contra. Es curioso, solo se mencionó la idea, y ya hay quienes están en contra. Creo que mejor alternativa es aportar argumentos para construir una propuesta (que aún no hay, o por lo menos no es pública). Se lee y escucha que la comida “sana” es más cara (incluso que comemos hamburguesa porque “somos pobres”). Depende. Si se comparan productos “normales” y “ligth” en el supermercado quizá, pero si va al mercado encontrará gran variedad de frutas, legumbres y granos. Por otro lado, que el hornado, el morocho, el menudo y la güatita son “comida chatarra”, y que es complicado poner impuestos a estos platos. Insisto, ni siquiera se ha definido la propuesta. Además, difícilmente se puede catalogar de “comida chatarra” a los platos mencionados. Parece que en ocasiones decimos cosas sin siquiera haber probado, cocinado o investigado. Pregunte a su nutricionista de confianza, y espere la propuesta de regulación.


Otros/as dicen que se afectará a la/el “veci” que vende carnes en palito, chochos, choclo con queso, etc., en un carrito en la esquina. Difícil, ¿acaso le da factura o nota de venta? ¿Acaso esos platos son “comida chatarra”? Aquí hay una oportunidad para fomentar la inclusión económica de estas iniciativas de economía popular; que mejor si se plantea un programa para ayudarles a generar una cadena de comida saludable, desde la economía solidaria. Lo mismo aplica para pequeños negocios en los barrios, y que las grandes cadenas empiecen a ofrecer opciones nutritivas. Mejor propongamos.


Una cosa es cierta, no está claro qué es la “comida chatarra”. Varias fuentes en internet coinciden en que “la expresión `comida chatarra´ fue creada por Michael Jacobson, en 1972. Esta expresión designa a todos aquellos alimentos que no poseen valor nutricional, es decir, que no nos aportan nutrientes”. Entonces, el tema pasa por entender que la “comida chatarra” tiene bajo (o nulo) aporte nutricional y alto contenido de calorías, sal, azúcar y grasas saturadas. Incluso se podría preparar una hamburguesa que no sea “comida chatarra”. Hay que considerar los ingredientes y la forma de preparación. Para poner un impuesto a la “comida chatarra” se deberá establecer una norma técnica que la defina; no es al antojo de cada uno/a. Además, podemos fomentar la preparación y el consumo de mejores alimentos (más nutritivos). En buena hora.


Para terminar es bueno conocer que países como Hungría han introducido impuestos similares, e invito a la lectura de este artículo donde se habla del impuesto que implementó Dinamarca a alimentos con más de 2,3% de grasas saturadas. Este impuesto fue retirado por presión de intereses económicos, pero deja varias lecciones para el futuro, entre ellas que quizá la mejor opción es enfocarse en comidas procesadas y bebidas con alto contenido de azúcar. De verdad, para que beber “colas” si tenemos los mejores jugos de fruta natural (un lujo). Por otro lado, se recomienda que el enfoque de la política sea más en la producción que en el consumo.


En el Ecuador, de acuerdo a la ENSANUT del 2012, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños/as menores a 2 años es del 24%, la incidencia de obesidad en niños/as entre 5 y 11 años es del 29,9%. Esto limita la capacidad de desarrollo integral durante toda la vida. Los modos de vida poco saludables pueden ocasionar enfermedades crónicas. A 2010, la principal causa de mortalidad general fue la diabetes mellitus, seguida por enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares. En quinto lugar se encuentran accidentes de transporte terrestre (dónde una de las principales causas es conducir bajo el efecto del alcohol), en octavo y noveno las enfermedades isquémicas del corazón y cirrosis y otras enfermedades del hígado, respectivamente.


Tengamos presente que el objetivo es la salud, la calidad de vida.

Por: @andresmideros


La economía estudia el uso de recursos para la producción, circulación y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas. En este sentido la economía no es ajena al ciclo de la política pública y al flujo de la política. Si se piensa el uso de recursos, no se puede dejar de pensar las relaciones de poder, propiedad y acceso. Tampoco se puede dejar de lado la regulación, los incentivos y la planificación del desarrollo. Si uno se queda en la “eficiencia” del uso de recursos y en la maximización de ganancia y/o minimización de costos, se pierde de vista el fin último: la satisfacción de necesidades humanas. En el proceso se genera valor y renta que se distribuye entre los recursos utilizados, y se redistribuye mediante la acción pública.


Quién es dueño de los recursos, no es una pegunta sencilla. En el proceso histórico de apropiación se encuentran las raíces de la desigualdad (nadie es dueño de nada en estado natural). Aquí radican algunos temas: la igualdad de acceso a recursos (que serán insumos o factores de producción), la igualdad de acceso a bienes y servicios (que permitirán la satisfacción de necesidades) y el rol del Estado (en términos de rectoría, regulación, planificación, control y gestión). El “mercado”, desde la propuesta política de la economía neoliberal, es el instrumento para solucionar con “eficiencia” estos problemas, dejando el rol del Estado en el mínimo posible. Claro, el “mercado” actúa frente a una dotación de recursos dada (i.e. asignada la propiedad) y no considera barreras de acceso a recursos y bienes, tampoco internaliza todos los costos. ¿Cómo se asignó la propiedad? … “no sé, ya está”; ¿Cómo cambia? … “eficientemente”; ¿Es justa? … “ya está, no pregunte”. Pregunten.


La redistribución es acción del Estado, en base a los pactos social y fiscal. El Estado provee bienes y servicios en la medida en que se le autoriza por Constitución y Ley; para hacerlo se financia mediante impuestos. En el proceso fluye la política. Cuando se dice o escucha “el Estado me mete la mano en el bolsillo para quitarme mi dinero”, piense en lo que el Estado le da (i.e. infraestructura, salud, educación, seguridad, subsidios y transferencias, etc.). Cuando se dice o escucha “es que yo no uso ni la salud ni la educación pública”, piense que quien no lo hace es porque no quiere. Cuando se dice o escucha “es que los servicios públicos son de mala calidad”, piense en cuanto aporta, y cuanto le cuesta una opción privada, compare. El Estado debe garantizar derechos; satisface necesidades que socialmente han tomado el carácter de “derecho” y usa la política pública para buscar el bien común. De esta manera se “desmercantiliza” la satisfacción de necesidades, por lo menos de aquellas que socialmente han sido definidas como un “derecho”. El Estado además representa a la ciudadana en cuanto al uso de recursos que son de todas las personas. Ahora bien, se debe fiscalizar y exigir eficacia (i.e. lograr resultados), eficiencia (i.e. uso adecuado de los recursos público), calidad, participación ciudadana (para lograr pertinencia y construir poder popular) y transparencia.


La redistribución se financia mediante al aporte de todas las personas, a través de impuestos y contribuciones. La “progresividad” tiene como principio a la justicia social: el que más tiene, aporta más. Se aporta en base a lo que se tiene: ingresos y patrimonio. Otros mecanismos, como aportar en base al consumo se usan cuando no se puede saber con certeza el ingreso y el patrimonio de las personas (este es el caso de economías con alto grado de informalidad y subempleo), o bien para (des)incentivar ciertos comportamientos en búsqueda del bien común (i.e. por razones de salud pública u otro interés social). Finalmente, se tiene los aportes (o cotizaciones) a la seguridad social.


En el Ecuador quien los primeros USD 10.410 de ingreso, al año, no pagan impuesto a la renta (tasa 0%). Los gastos deducibles pueden ser de hasta el 50% del ingreso o 1,3 veces la fracción básica desgravada (es decir 1,3 * USD 10.410 = USD 13,533), lo que sea menor. Los gastos personales deducibles (que incluyen los del conyugue e hijos/as menores de edad o con discapacidad) son los de salud, educación, vivienda, alimentación y vestimenta. La tasa del impuesto se fija en nueve rangos de ingresos (0%, 5%, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30% y 35%). En el caso de personas jurídicas, la tasa de impuesto a la renta es del 22% y hay un descuento de 10 puntos sobre el monto reinvertido. Esta tasa se redujo con la aprobación del Código de la Producción en 2010. Antes de establecer la base imponible, se debe repartir el 15% de utilidades entre los trabajadores y trabajadoras. Este es un derecho adquirido, una forma de mejorar (en justicia) la distribución, y un reconocimiento al rol del trabajo en la generación de la renta.


Utilizando datos de la ENEMDU, a diciembre de 2013, el ingreso mensual promedio, en el Ecuador, de la población económicamente activa (PEA de 15 o más años de edad), es de USD 478 (USD 5,736 al año). Apenas el 11% de la PEA debería pagar impuesto a la renta, sin considerar gastos deducibles. El 96% de la PEA se encuentra en los tres primeros rangos del impuesto a la renta. El 97,4% de la PEA debería pagar una tasa (“real”) de impuesto a la renta menor al 5% de sus ingresos (sin considerar gastos deducibles). Entre quienes deberían pagar impuesto a la renta, la tasa (“real”) promedio es del 3%. Existe espacio para mejorar la recaudación, pensando en progresividad, en redistribución, y sobre todo en cobertura, calidad y sostenibilidad de la provisión de bienes y servicios públicos.


Por su parte, el I.V.A. es un impuesto (indirecto, ya que no se establece en base al ingreso o patrimonio) al consumo de bienes y servicios. En el Ecuador la tasa es del 12% y tiene tarifa reducida al 0% en determinados bienes y servicios (exentos). Los impuestos indirectos son regresivos, es decir el que menos tiene paga más. Pensemos en Lucía y María. Lucía tiene un ingreso mensual de USD 80, y María de USD 1.200. Lucía utilizará (consumirá) una mayor parte de su ingreso para satisfacer sus necesidades diarias, María lo hará en menor proporción y podrá ahorrar. En principio, las dos personas necesitan lo mismo pero una tiene mayores ingresos. Si Lucía consume todo su ingreso pagará el [(USD 80 x 100% x 12%) / USD 80 =] 12% de IVA, en relación a su ingreso; mientras que si María consume únicamente el 50% de su ingreso el IVA que pague representará únicamente el [(USD 1.200 x 50% x 12%) / USD 1.200 =] 6% de su ingreso. María “tiene” más y paga “menos”. Las exenciones permiten corregir, en cierta medida, este problema. Es claro que el gasto relativo en alimentos (u otros bienes y servicios exentos de IVA, o con tarifa 0%, indispensables para “sobrevivir” o de “primera necesidad”) de Lucía, será mayor que el de María. Por ejemplo, si el 80% del consumo de Lucía es en alimentos y el 20% en otros bienes y servicios que pagan IVA, el porcentaje de su ingreso pagado por este impuesto será de [(USD 80 x 100% x 20% x 12% =) USD 1.92 / USD 80 =] 2.4%. Por su parte María distribuye su consumo en partes iguales entre bienes que pagan IVA y aquellos exentos del impuestos, entonces el porcentaje de su ingreso pagado por IVA es de [(USD 1.200 x 50% x 50% x 12% =) USD 36.00 / USD 1.200 =] 3.0%. En este caso María paga más (y “tiene” más). Pero es cuestión de cambiar la distribución del consumo para dar con casos en que esto no pasa (si el 60% del consumo de María es en bienes exentos de IVA, las dos pagarían la misma proporción de su ingreso). Es fundamental, revisar la tasa del IVA y los bienes y servicios exentos (o con tarifa reducida, en este caso a 0%) en base al patrón de consumo de los hogares, para fomentar la progresividad.


Por su parte, la tasa de aporte a la seguridad social, en el Ecuador (al seguro general del IESS), de trabajadores es del 9,45%, y de empleadores del 11,15% (20,6%, en total). Seguro que brinda prestaciones de pensiones por invalidez, vejes y muerte (tasa de cotización de 9,74%), enfermedad (tasa de cotización de 5,71%), riesgos del trabajo (tasa de cotización de 0,55%) y cesantía (tasa de cotización de 3,00%). Los aportes suelen no valorarse, hasta que se materializa el riesgo que cubren. Es difícil pensar en la pensión que se recibirá hasta que se la recibe. Cuando se piensa en la cotización que se debe realizar hay que pensar en la pensión que se desea recibir, en la calidad del servicio de salud, en la cobertura frente a invalidez, etc.


En términos agregados, estadísticas del SRI indican que el impuesto a la renta que pagan sociedades es seis veces el pagado por personas naturales. Por su parte, el I.V.A. representa alrededor del 48% de la recaudación del SRI. La recaudación tributaria aumentó de USD 4,6 mil millones en 2006 a USD 12,7 mil millones en 2013. Se ha mejorado la recaudación, pero la estructura aún se basa en impuestos indirectos (i.e. generalmente regresivos, como se mencionó). Sin duda, el crecimiento de la inversión pública, en especial en salud, educación e inclusión social, tiene carácter redistributivo (el Estado fomenta igualdad en acceso a bienes y servicios públicos).


En términos comparados, estadísticas tributarias de la OECD y la CEPAL muestran que los ingresos tributarios, del Estado como porcentaje del PIB, en el Ecuador están en el promedio de América Latina, y son inferiores al promedio de la OECD así como a los de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Costa Rica. Sobre la composición, mientras en los países de la OECD cerca del 60% de la estructura tributaria se compone del impuesto a la renta y las contribuciones a la seguridad social, en América Latina más del 50% son impuestos al consumo. Existe espacio para aumentar la presión fiscal (en relación al PIB) y mejorar la progresividad (dando mayor peso a impuestos directos al ingreso y al patrimonio).


Antes (en tiempo) de la redistribución está la distribución. Esta es la repartición de la renta generada en los procesos de uso de recursos y de producción y circulación de bienes y servicios. La renta se reparte entre quienes tienen la “propiedad” de los recursos. Reduciendo a dos, entre el capital y el trabajo. Mejorar la distribución implica democratizar el acceso a recursos (y al “capital”) para la producción: agua, tierra, energía, ciencia, tecnología, conocimiento, crédito, etc. Pero además, la justa repartición de la renta. Se debe garantizar el pago de salarios dignos y justos a los y las trabajadores. La utilidad final se debe repartir entre trabajadores y dueños de los recursos, ya que esta se genera por el esfuerzo de unos y los recursos de otros. En sectores, donde se usan recursos que son de todos y todas como la explotación de recursos naturales y el espectro radioeléctrico, el Estado debe participar de las rentas generadas.


Existe espacio para mejorar la distribución fortaleciendo los derechos de los y las trabajadores, y fomentando la generación de nuevas empresas (de todo tamaño). Se debe garantizar salarios justos de manera sectorial, mediante salarios básicos pertinentes y escalafones. El pago de salarios “bajos” a la espera de “grandes” utilidades cada año, se debe regular aumentando el salario básico de esos sectores. Hay que fomentar el empleo, el emprendimiento y la innovación; reconocer, apoyar y garantizar seguridad social a todas las personas sin importar su oficio u actividad (incluyendo al trabajo no remunerado y el autónomo). Se deben generar nuevos tipos de empresas, empresas sociales, de la economía solidaria donde trabajadores sean también los dueños del “capital”. En el uso de recursos de todos y todas, el Estado debe garantizar incentivos adecuados para la inversión privada pero además la justa participación del Estado en las rentas generadas, en particular de aquellas que se consideran extraordinarias (i.e. superiores a las estimadas en la negociación de contratos y/o concesiones con el Estado). Esto no quiere decir reducir la justa participación de trabajadores en las utilidades, sino hacerlo “en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota” (Constitución, Art. 408).


Para lograr la igualdad, hay que pensar la redistribución y la distribución; organizar la economía para la satisfacción de necesidades humanas (de forma sostenible) y no para la maximización de utilidades. Se debe definir el rol del Estado, y dar pasos a verdaderas alianzas público-privadas-comunitarias, en el marco de una economía social y solidaria.


Hay que poner al ser humano por encima del capital.

Por: @andresmideros

 

Lograr un sistema de protección inclusivo requiere articular los sistemas contributivos (aquellos que se financian desde el aporte de empleados y empleadores) y los no-contributivos (financiados desde el presupuesto general del Estado); y fortalecer la regulación laboral. Los sistemas contributivos (tipo Bismarck) se basan en el funcionamiento del “mercado laboral” formal. Si todos tenemos empleo formal (regulado: con contrato, salario digno y garantía de afiliación a la seguridad social) entonces todos estaremos cubiertos por la seguridad social contributiva. Este no es el caso en economías donde prevalece el sector informal y el subempleo (trabajo inestable, con ingreso inferior al salario básico y sin afiliación de la seguridad social). Los esquemas no-contributivos de aseguramiento permiten generar sistemas de protección social inclusivos (para todos y todas, no solo para quienes participan del mercado laboral formal). Pero, además, son un instrumento de inclusión económica y promoción social ya que permiten a los hogares cubrirse frente a riesgos económicos, superar restricciones de liquidez, y cubrir costos de oportunidad, transporte y transacción.

 

Utilizando la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano y Rural (ENEMDUR) del INEC, rondas de diciembre entre 2004 y 2013, se observa que el porcentaje de personas cubiertas por la seguridad social contributiva (i.e. IESS seguro general, IESS seguro voluntario, IESS seguro campesino, ISSFA e ISSPOL) aumentó del 15,6% al 36,3%. Destacan los años 2012 y 2013, dónde la cobertura aumentó en 22% (4,5 puntos porcentuales) y 29% (7,4% puntos porcentuales) gracias a políticas del IESS y el MRL, y a la consulta popular en la que se aprobó la penalización de la no afiliación a la seguridad social de trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, el aumento de cobertura a la seguridad social se da principalmente en población no-pobre por ingresos. Esto se debe a la estrecha relación entre pobreza, subempleo e informalidad, donde las políticas de inclusión económica y movilidad social son indispensables. Eso no quita, que en el proceso, la política de aseguramiento debe dar solución a la baja cobertura de quienes más lo necesitan (personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad).

 

Gráfico 1: Cobertura de la seguridad social contributiva

Figura 1 ps

Fuente: cálculos propios en base a ENEMDUR

 

En el caso de personas mayores a 65 años de edad (i.e. adultos mayores) la cobertura de la seguridad social contributiva aumentó del 24,3% en diciembre de 2004 a 37,5% en diciembre de 2013. El incremento es importante y sostenido, pero prácticamente dos de cada tres adultos mayores no cuentan con seguridad social lo que aumenta la vulnerabilidad económica de este grupo de atención prioritaria. Mayores esfuerzos son necesarios para garantizar la vida digna de nuestros adultos mayores. Las pensiones a adultos mayores que se entregan desde la política de aseguramiento del MIES (muchas veces confundida con el BDH), llegan al 44% de adultos mayores del país, con un crecimiento sostenido, de cobertura, a partir del año 2007. Gracias a este instrumento no-contributivo el 72,3% de los adultos mayores cuentan (a diciembre de 2013) con cobertura de algún tipo de protección social. Es necesario fortalecer las transferencias desde la lógica de prestaciones ciudadanas de seguridad social, que garanticen la vida digna de todos y todas los adultos mayores en el Ecuador.

 

Gráfico 2: Cobertura de la protección social en adultos mayores

Figura 2 ps

Fuente: cálculos propios en base a ENEMDUR

 

Por otro lado, apenas el 43,6% de jefes y jefas de hogar cuentan con cobertura de la seguridad social. Es decir, más del 56% de hogares ecuatorianos están excluidos del sistema de seguridad social contributivo. En cuanto al Bono de Desarrollo Humano (BDH), el porcentaje de hogares que reciben esta transferencia (no-contributiva) se ha mantenido relativamente estable alrededor del 30%, entre 2008 y 2013. A diciembre de 2013, el 66,1% de los hogares cuentan con cobertura de protección social (contributiva y/o no-contributiva). En los esfuerzos para erradicar la pobreza, y los importantes logros en su reducción, se debe tomar en cuenta que el 44% de hogares excluido de la protección social se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

 

Gráfico 3: Cobertura de la protección social en hogares (jefes/as de hogar)

 Figura 3 ps

Fuente: cálculos propios en base a ENEMDUR

 

Es necesario fortalecer la política de aseguramiento y movilidad social, para erradicar la pobreza y sostener procesos de movilidad social ascendente. Se debe pensar un piso de protección social universal como un instrumento de protección integral en el marco del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que establece la Constitución.

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